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Google sufrió un importante revés judicial en México luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara el amparo promovido por la compañía tecnológica contra una disposición de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), relacionada con los tiempos para entregar información requerida durante investigaciones por posibles prácticas monopólicas.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Pleno de la Corte, que respaldó el proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo y confirmó la constitucionalidad del artículo 73 de la legislación en materia de competencia económica. Con ello, el máximo tribunal del país validó que las autoridades puedan exigir información dentro de plazos específicos para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones.
El caso tiene relevancia porque surge de una indagatoria iniciada contra Google por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital, uno de los sectores más importantes dentro de la economía tecnológica actual.
La Corte respalda los plazos establecidos en la ley
Durante la discusión del asunto, los ministros coincidieron en que el artículo impugnado cumple con los principios constitucionales y responde a la obligación del Estado mexicano de investigar y sancionar posibles conductas que afecten la libre competencia.
“La norma es constitucional, pues su finalidad descansa en el artículo 28 constitucional, que impone al Estado el deber de investigar y sancionar las prácticas monopólicas con eficacia. Así, el plazo de 10 días prorrogable, una vez en función de la complejidad o el volumen de información, guarda una relación racional con esa finalidad, pues se articula con el período de investigación previsto en el artículo 71 de la propia ley, de modo que pretender prórrogas indefinidas vaciaría de contenido el período de investigación”, expuso el ponente.
La disposición establece que las empresas requeridas por la autoridad investigadora cuentan con un plazo inicial de diez días para entregar la información solicitada. Además, la ley contempla una única prórroga de hasta diez días adicionales cuando la complejidad o el volumen de los datos así lo justifique.
El origen del conflicto entre Google y la autoridad mexicana
La controversia comenzó a raíz de una investigación iniciada en 2022 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que actualmente opera bajo la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Como parte de las diligencias, en enero de 2025 la autoridad solicitó información a Google relacionada con el mercado de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital. Sin embargo, una vez agotado el plazo original y la única ampliación prevista por la ley, la empresa solicitó más tiempo argumentando que el volumen de información requerido era considerable.
La autoridad rechazó la petición al considerar que ya se había otorgado la prórroga máxima permitida y posteriormente impuso una multa por 2 millones 340 mil 979.74 pesos.
Google alegó que la ley era inconstitucional
La compañía tecnológica argumentó que la norma establecía un plazo uniforme para todos los requerimientos de información, sin tomar en cuenta las diferencias entre cada investigación ni la cantidad de documentos que pudieran solicitarse.
Con base en ese argumento, promovió un juicio de amparo en el que buscaba que se declarara inconstitucional el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Aunque en una primera instancia un juez negó el amparo respecto a la ley, sí dejó sin efectos la multa impuesta por la autoridad. Inconforme con esa determinación, la Comisión Nacional Antimonopolio impugnó la resolución, provocando que el asunto llegara hasta la Suprema Corte.
La investigación contra Google continúa
Si bien la SCJN confirmó la constitucionalidad de la disposición legal y rechazó el amparo promovido por Google, el caso aún no concluye por completo.
Los ministros determinaron devolver el expediente al tribunal colegiado correspondiente para que analice aspectos particulares del procedimiento y determine si tanto el requerimiento de información como la multa aplicada por la autoridad fueron legales o, en su caso, arbitrarios.
Con esta resolución, la Suprema Corte envía una señal importante sobre la facultad de las autoridades mexicanas para exigir información dentro de investigaciones relacionadas con competencia económica y posibles prácticas monopólicas, especialmente en sectores dominados por grandes compañías tecnológicas que tienen una influencia cada vez mayor en la economía digital.
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