Lo que comenzó como una prometedora carrera en la NFL terminó como uno de los casos más impactantes de crueldad animal en la historia reciente de Estados Unidos. LeShon Johnson, exjugador que brilló en equipos como los Green Bay Packers, Arizona Cardinals y New York Giants, fue hallado culpable de liderar una de las redes de peleas de perros más grandes jamás desmanteladas por autoridades federales.
Con apenas 29 años, Johnson abandonó el futbol profesional en 1999 tras un paso discreto por los emparrillados. Por años se mantuvo fuera del foco mediático, hasta que su nombre reapareció en las noticias, esta vez por motivos profundamente perturbadores. Según el Departamento de Justicia, Johnson dirigía una operación clandestina bajo el nombre “Mal Kant Kennels”, donde criaba y entrenaba perros para el combate, ocultando una industria ilegal bajo la fachada de un criadero.
La red fue descubierta tras una investigación que culminó con la incautación de 190 perros tipo pitbull, muchos de ellos en condiciones deplorables. Imágenes recuperadas de sus dispositivos electrónicos mostraban cintas de entrenamiento, peleas organizadas, y registros financieros vinculados a la compraventa de animales con fines de pelea.
Crueldad organizada: el rostro oculto de Mal Kant Kennels
Lo que más perturbó a las autoridades fue el nivel de sofisticación del esquema. Johnson había convertido su residencia en Oklahoma y un “patio” externo en centros de operaciones para entrenar, mantener y vender perros de pelea. Las pruebas fueron irrefutables: fotografías de animales mutilados, conversaciones telefónicas interceptadas y transacciones vía aplicaciones como Cash App, documentaban con crudeza el negocio ilegal.
En una llamada clave interceptada, Johnson describía su línea de perros como “agradable y desagradable”, una frase que los investigadores consideraron representativa de su doble vida: la de un exdeportista respetado y la de un criador sin escrúpulos. El jurado no tuvo dudas: fue hallado culpable de seis cargos por violaciones a la Ley Federal de Bienestar Animal.
El caso dejó al descubierto una realidad más amplia. Las organizaciones defensoras de los derechos de los animales han señalado que este tipo de redes siguen operando, especialmente en zonas rurales o con escasa regulación. El caso Johnson se convirtió en símbolo de por qué es urgente reforzar los mecanismos de control y endurecer las penas por maltrato animal.
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