El Congreso de la Ciudad de México discute una iniciativa que podría transformar la manera en que se enfrenta el robo y despojo de agua en la capital. Diputadas de Morena impulsaron reformas para imponer penas de hasta 20 años de cárcel a quienes extraigan, manipulen o condicionen el acceso al líquido vital.
¿Qué sanciones se proponen contra el robo de agua?
La propuesta establece que quien “sustraiga, disponga o se apropie, sin derecho y sin consentimiento de la autoridad competente, de agua de uso doméstico, agrícola, industrial o de cualquier otra naturaleza, proveniente de la red pública” podría recibir de dos a seis años de prisión, con un aumento hasta de la mitad en caso de reincidencia, alcanzando nueve años de cárcel.
En tanto, se plantean sanciones de cinco a diez años de prisión para quienes condicionen el suministro con “la exigencia de dádivas, promesas de dinero o contraprestaciones de cualquier naturaleza; la imposición de condiciones ajenas al servicio público para su reparto; o cualquier otro acto de coacción, simulación o abuso que restrinja injustificadamente el acceso al agua en perjuicio de una o más personas.”
Hasta 20 años de cárcel en casos agravados
Cuando el delito involucre a tres o más personas, afecte a grupos vulnerables o sea cometido por un servidor público, la pena podría aumentar hasta en 10 años adicionales, lo que abriría la posibilidad de condenas de hasta 20 años de prisión. Legisladoras señalaron que “el robo de agua, aunque reconocido como fenómeno extendido, carece de una tipificación penal clara, lo que dificulta que las fiscalías y los tribunales actúen con contundencia”.
El planteamiento se da en un contexto crítico: la Ciudad de México enfrenta una severa crisis hídrica derivada de la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento poblacional, el deterioro de la red de distribución y los efectos del cambio climático.
¿Basta con castigar para frenar el despojo?
De acuerdo con las impulsoras de la reforma, no sólo se busca sancionar, sino también prevenir y disuadir prácticas ilícitas. La iniciativa advierte que hasta el 40 % del agua que circula en la red se pierde no sólo por fugas, sino también por tomas clandestinas que representan un verdadero despojo a la colectividad.
La propuesta deberá ser discutida y votada en el Congreso capitalino. De aprobarse, marcaría un precedente histórico en materia de acceso y protección del agua, con la meta de garantizar un derecho fundamental para todos los habitantes de la ciudad.
