La política mexicana se sacudió con un reporte de Reuters que revela cómo el gobierno de Donald Trump ha escalado su ofensiva contra los presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. El Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado visas a más de 50 funcionarios, incluyendo legisladores de todos los partidos, aunque los reflectores apuntan directamente a Morena, el partido en el poder.
La medida forma parte de la estrategia estadounidense para combatir a los cárteles. Al menos ocho grupos criminales latinoamericanos fueron catalogados como organizaciones terroristas, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, a los que culpan por inundar de fentanilo sus calles.
Sin nombres oficiales, pero sí casos conocidos: Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres, fueron de los primeros en quedar sin visa. En mayo, se reportó que Torres es investigado por corrupción, y semanas después, Ávila reveló que están en proceso de divorcio. Ella ha dicho que fue “una acción administrativa”.
Otros nombres en la lista negra son Mario López Hernández, diputado de Morena por Matamoros; Juan Gim, alcalde de Nogales; y Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila. Incluso, parientes como el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Luis Samuel Guerrero, también fueron tocados por la medida.
El caso Araceli Brown: corrupción, cárteles y cuentas congeladas
Pero el escándalo más fuerte lo protagoniza la diputada morenista Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro acusó de entregar parte del gobierno de Rosarito a una facción del Cártel de Sinaloa cuando fue alcaldesa.
Según el reporte: “Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.
Y va más lejos: “Ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”.
La Secretaría de Hacienda en México ya solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias, aunque Brown ha negado cualquier vínculo con el narco.
Sheinbaum minimiza retiro de visas
En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el tema: “El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal”.
Agregó que: “Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa. Pero no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México, dado que es una información personal”.
También dijo que sólo se compartiría información con su gobierno si hubiera una investigación por seguridad pública. Mientras tanto, Washington presiona con aranceles y México responde entregando 55 capos, miles de soldados en la frontera y una presidenta que intenta mantener la calma, mientras la cúpula política mexicana se queda sin acceso al país vecino.
