Hilda Araceli Brown, diputada federal por Morena y exalcaldesa de Rosarito, ha sido designada por el gobierno de Estados Unidos como colaboradora o miembro de una organización terrorista, lo que activa en su contra uno de los estatutos antiterroristas más severos y controversiales del país norteamericano.
La medida, que marca un hecho sin precedentes en la historia diplomática reciente, fue tomada por los titulares de los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro —Marco Rubio, Pam Bondi y Scott Bessent— bajo la presunción de un vínculo de Brown con la facción de “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa.
Primera vez que aplican esta ley a un político mexicano
De acuerdo con la ley estadounidense, la diputada ha sido incluida en la Lista de Personas Especialmente Designadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), un mecanismo que ha sido utilizado anteriormente contra grupos como Al-Qaeda, ISIS y Osama Bin Laden.
En el documento emitido el 17 de septiembre, la OFAC señala: “Brown Figueredo, Hilda Araceli (...) riesgo de sanciones secundarias: sección 1 (b) de la Orden Ejecutiva 13324, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886”.
Esta designación implica que cualquier institución financiera o empresa —dentro y fuera de EE. UU.— que mantenga relaciones económicas, contractuales o comerciales con Brown podría ser sancionada. Es decir, Washington advierte: o hacen negocios con Estados Unidos, o con ella, pero no con ambos.
Sanciones con efecto global
El estatuto utilizado, creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, permite aplicar sanciones a escala internacional a quienes tengan vínculos, incluso indirectos, con personas señaladas como colaboradoras de organizaciones terroristas.
“Las sanciones secundarias han emergido como una herramienta crítica —y a veces controvertida— para aumentar la eficacia de los programas de sanciones primarias de Estados Unidos”, señala el Centro para una Nueva Seguridad Estadunidense.
Aunque la diputada no ha confirmado si sus cuentas bancarias han sido congeladas, el impacto va más allá. Su salario mensual de 79 mil pesos, depositado en Santander (banco con operaciones en EE. UU.), queda automáticamente bajo revisión, así como cualquier otra transacción comercial que implique a terceros.
¿Y ahora qué?
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial respecto al señalamiento de una legisladora en funciones. Tampoco se han anunciado investigaciones internas, aunque la gravedad del caso coloca al Congreso en una posición incómoda.
Por lo pronto, Brown queda bajo la lupa de dos frentes: el legal, por las consecuencias financieras que implica esta designación, y el político, por el posible costo en imagen para Morena, que ya enfrenta presiones por los vínculos de algunos de sus integrantes con el crimen organizado.
