Pagar con dinero en efectivo podría dejar de ser una opción para realizar ciertos trámites y contratar algunos servicios en México. El Senado de la República aprobó este 20 de octubre de 2026 la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca modernizar las operaciones financieras y reducir el uso de billetes y monedas. Sin embargo, la medida no significa que los mexicanos deban abandonar el efectivo de inmediato, pues las restricciones dependerán de las actividades que determinen las autoridades.
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MTU obligatorio: ¿Qué transferencias podrían ser detenidas por los bancos si no lo activaste en 2026?
Uno de los cambios más importantes será que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de seleccionar los sectores donde únicamente se podrán realizar pagos electrónicos. Esto abre la posibilidad de que algunos servicios comiencen a aceptar exclusivamente transferencias, tarjetas bancarias u otras herramientas digitales, aunque todavía no existe una lista definitiva de establecimientos o actividades donde se aplicará esta obligación.
La propuesta forma parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso a los servicios financieros y aprovechar la tecnología disponible en el país. Durante su discusión, legisladores señalaron que México cuenta con plataformas para realizar transferencias y pagos electrónicos, pero una parte de la población todavía depende del efectivo para cubrir sus gastos cotidianos.
¿Dónde será obligatorio pagar con tarjeta o transferencia en México?
Los ciudadanos podrán utilizar tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología NFC y domiciliaciones, además de otros mecanismos reconocidos por las autoridades financieras. La legislación contempla que las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal adapten sus sistemas para recibir estos pagos y permitan a los usuarios conocer las alternativas disponibles para realizar sus operaciones.
Para los negocios y prestadores de servicios privados, la incorporación de pagos digitales será voluntaria como regla general. No obstante, esta condición cambiará en los sectores que Hacienda identifique como estratégicos, donde las operaciones electrónicas podrán convertirse en un requisito. Por ahora, la aprobación de la ley no implica que tiendas, mercados, restaurantes o pequeños comercios deban rechazar automáticamente los billetes y monedas.
Una de las principales dudas tiene que ver con las personas que no cuentan con una tarjeta bancaria o que viven en comunidades con problemas de conectividad. La nueva legislación contempla que cuando una falla tecnológica impida recibir pagos digitales, se permita utilizar efectivo o cheque de manera temporal. Las instituciones deberán contar con medidas para solucionar estas contingencias, pero esta excepción no podrá emplearse permanentemente para evitar las obligaciones que establezca la ley.
¿Cuándo entrará en vigor la Ley de Economía Digital y qué sigue después?
La nueva legislación comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después de la aprobación del Senado, el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su promulgación. Una vez que entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para identificar las primeras actividades donde los pagos digitales podrán ser exclusivos. Posteriormente, las autoridades competentes contarán con otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos y plazos de adaptación. Los cambios deberán financiarse con los presupuestos existentes, sin recursos públicos adicionales.
La aprobación generó diferencias entre los legisladores. De acuerdo con los resultados difundidos de la sesión, el dictamen obtuvo 73 votos a favor y 34 en contra en lo general, mientras que en lo particular fue avalado con 72 votos favorables y 37 en contra. Entre quienes cuestionaron la propuesta estuvo Ricardo Sheffield, senador de Morena, quien expresó su desacuerdo con las atribuciones que recibirá Hacienda para determinar los pagos obligatorios y planteó la participación del Banco de México en esas decisiones.

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