Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, declarados terroristas por el gobierno de Javier Milei

Los cárteles mexicanos siguen enfrentando nuevas restricciones fuera del país. Ahora fue el gobierno de Javier Milei el que decidió incluir al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana en su lista de organizaciones terroristas, una medida con la que Argentina pretende cerrar espacios a las redes criminales internacionales y reforzar el seguimiento del dinero relacionado con sus operaciones.

La decisión fue anunciada por la Presidencia argentina el miércoles 21 de octubre de 2026 y formalizada mediante una resolución conjunta publicada este jueves 22 de octubre en el Boletín Oficial. Además de las dos agrupaciones mexicanas, la disposición alcanza a organizaciones de Colombia y Ecuador que, de acuerdo con las autoridades, representan una amenaza por su capacidad de operar en distintos territorios.

Con esta determinación, Argentina podrá reforzar la vigilancia de posibles vínculos financieros con los grupos señalados, además de facilitar el intercambio de información con instituciones extranjeras. La clasificación se aplicará dentro del marco legal argentino y no implica que las organizaciones reciban automáticamente la misma denominación en México o en los demás países donde tienen presencia.

¿Qué pasará con el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana tras la decisión de Milei?

El cambio más importante será su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Este mecanismo permite identificar a organizaciones señaladas por actividades terroristas y fortalecer las acciones de prevención relacionadas con el movimiento de recursos económicos.

La preocupación de las autoridades argentinas no se limita al tráfico de drogas. En el caso del Cártel de Sinaloa, el gobierno de Milei hizo referencia a una estructura criminal con presencia internacional y vinculada con diversas actividades ilícitas. En su comunicado, la Presidencia lo identificó como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”.

Para La Nueva Familia Michoacana, el señalamiento se centró en su participación en “el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”. Argentina también consideró la expansión regional del grupo como uno de los elementos que justifican su incorporación al registro, ante la posibilidad de que sus operaciones se extiendan a otros mercados y territorios.

La medida se suma a decisiones similares que el gobierno argentino había tomado anteriormente. El 26 de marzo de 2026, la administración de Milei anunció la clasificación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, con lo que comenzó a ampliar las medidas dirigidas específicamente contra grupos del narcotráfico mexicano.

Argentina también incluye a organizaciones de Colombia y Ecuador

El nuevo listado incorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones colombianas que el gobierno argentino describió como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda”.

También aparece Los Tiguerones, grupo criminal de Ecuador al que la Presidencia de Argentina relacionó con el “narcotráfico y sicariato” y al que calificó como una de las organizaciones “más violentas de la región”. Su inclusión se produce después de que, en agosto de 2026, el gobierno argentino incorporara al mismo registro a Los Chone Killers, otra agrupación ecuatoriana.

Para tomar esta decisión, las autoridades analizaron información de inteligencia sobre las actividades y el alcance de los cinco grupos. Los informes utilizados por los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto son reservados, por lo que sus conclusiones completas no fueron difundidas públicamente.

En el procedimiento también participaron el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). De acuerdo con la información oficial, la coordinación entre estas dependencias busca mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas y permitir que las instituciones argentinas compartan datos con organismos internacionales.