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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes 13 de octubre la prohibición de vender comida chatarra en todas las escuelas de México, incluidas las universidades. Por unanimidad, el Pleno rechazó un amparo promovido por una empresa que buscaba impugnar las restricciones y determinó que estas medidas son compatibles con la Constitución.
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La resolución respalda las disposiciones que regulan la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles educativos, con el objetivo de proteger el derecho a la salud y garantizar una alimentación nutritiva y adecuada, incluso para estudiantes mayores de edad.
¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la comida chatarra en las escuelas?
El Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que rechazó amparos a empresas en contra de la restricción.
Entre los argumentos presentados contra la medida estaba que los estudiantes universitarios, al ser mayores de 18 años, tienen la capacidad de decidir libremente qué alimentos consumir.
Sin embargo, el ministro Giovanni Figueroa sostuvo que el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad corresponde a todas las personas, sin distinción de edad. Con esta decisión, la Corte respaldó las facultades del Estado mexicano para regular los alimentos y bebidas que se ofrecen dentro de los centros educativos, como parte de las acciones destinadas a proteger la salud de la población estudiantil.
¿La prohibición de comida chatarra también aplica a universidades?
Sí. La resolución de la Corte confirmó que las restricciones pueden aplicarse en instituciones de educación superior, aunque sus estudiantes sean adultos.
El argumento de que los universitarios pueden decidir por cuenta propia qué consumir no fue suficiente para invalidar la regulación. De acuerdo con el criterio expuesto durante la sesión, el derecho a una alimentación adecuada no está limitado a niñas, niños y adolescentes.
La decisión se refiere a la venta y distribución de productos dentro de los centros educativos; no representa una prohibición general para comercializar o consumir estos alimentos fuera de las escuelas.
De esta manera, la resolución respalda la aplicación de los lineamientos en planteles públicos y particulares de todo el país, incluidos aquellos donde estudian personas mayores de edad.
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