La tragedia que cimbró Iztapalapa sigue bajo la lupa. La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia abrió dos líneas de investigación clave, según confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
En conferencia del jueves pasado, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que una de las hipótesis apunta a que el conductor pudo haber manejado a exceso de velocidad. La segunda línea se centra en posibles irregularidades en la operación de la empresa Silza, filial del Grupo Tomza, responsable de la unidad siniestrada.
“La empresa permanece en calidad de investigada, lo importante es que está en la disposición de colaborar con la Fiscalía y asumir su responsabilidad”, señaló Alcalde Luján.
Un testigo que aún no puede hablar
La gravedad del incidente mantiene al chofer en un estado de salud delicado, lo que impide que pueda rendir declaración. Mientras tanto, peritos especializados en criminalística, química, tránsito terrestre, incendios y explosiones trabajan en el lugar del estallido.
También se está haciendo una revisión en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ya que una de las líneas apunta a que la empresa podría no haber cumplido con la regulación correspondiente.
¿Y los contratos con el gobierno?
La fiscal fue clara: hasta ahora se descarta que Silza tenga contratos con el gobierno de la CDMX, aunque se solicitó a la Secretaría de Finanzas que lo confirme oficialmente.
La pipa que explotó provenía de Texcoco-Lechería con dirección a Puebla, por lo que se analiza también el trayecto, la carga y si cumplía con todas las normas de seguridad vigentes.
