La próxima vez que abras Netflix, Amazon o Tinder, piensa dos veces: el SAT podría estar mirando. No es un episodio de Black Mirror, es una reforma al Código Fiscal de la Federación que abre la puerta a una nueva era de vigilancia digital en México.
Impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte del Paquete Económico 2026, la reforma adiciona el artículo 30-B, que obliga a plataformas digitales a darle acceso “en línea, permanente y en tiempo real” al SAT. ¿Qué tan real? Literalmente todo: historial de pagos, suscripciones y movimientos fiscales.
¿Quién entra en la mira?
El catálogo es amplio. Esta reforma aplicará para:
- Servicios de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Video
- Tiendas en línea como Amazon, Shein, Mercado Libre, Temu
- Apps de citas como Tinder y Bumble
- Plataformas educativas como Duolingo y Coursera
Y la lista puede seguir creciendo.
¿Qué datos va a ver el SAT?
Según los diputados de Morena, la intención es clara: el SAT sólo podrá ver información relacionada con obligaciones fiscales, como:
- Comprobantes de pago
- Historial de facturación
- Registros de suscripción y transacciones
Pero organizaciones civiles como R3D y ALAI prendieron las alarmas. Para ellos, la reforma abre la puerta a una vigilancia masiva y sin control. “Permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”, advirtió R3D.
¿Y si la app dice que no?
El SAT podrá aplicar la “sanción digital máxima”: bloquear la plataforma. Aunque tú tengas tu pago al corriente, podrías quedarte sin acceso si la empresa se niega a cumplir con el gobierno mexicano.
¿Cuándo entra en vigor?
El artículo 30-B entraría en vigor el 1 de abril de 2026, aunque aún falta su aprobación en el Senado. Si pasa, el SAT tendrá que coordinarse con la Agencia de Transformación Digital para afinar los detalles técnicos.
¿Es por seguridad fiscal o por control?
El gobierno argumenta que busca cerrar brechas fiscales y detectar operaciones ilegales, como el tráfico de hidrocarburos disfrazado de ventas online. Pero las dudas crecen. ¿Vale la pena sacrificar la privacidad por un supuesto orden fiscal?
