La extorsión dejó de ser un delito del que solo se habla en voz baja. Ahora, por fin, se legisla en voz alta. Con 106 votos a favor y cero en contra, el Senado aprobó una reforma al Artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda crear una ley general en materia de extorsión, que ponga orden en el caos legal que impera en los estados y que frene un crimen que, literalmente, sangra a México.
Morena celebró que la iniciativa —propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum— busca homologar criterios, cerrar vacíos legales y obligar a los tres niveles de gobierno a actuar de forma coordinada. La oposición, aunque respaldó la reforma, exigió que la ley no se quede en papel y que haya castigo real para quien cobra piso, amenaza o chantajea a las y los mexicanos.
“La extorsión no es un delito menor. La padece todo México, todos los estados, todos los municipios, todas las personas”, dijo el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena. “Ha demostrado adaptarse a las nuevas tecnologías y se ejerce con un altísimo grado de impunidad”.
La más dolorosa y costosa
Según datos del Inegi, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas en 2023, con un impacto superior a los 124 mil millones de pesos. Y no solo afecta al bolsillo: destruye familias, comunidades, y mantiene al país bajo una sombra de miedo constante.
Lucía Trasviña, senadora de Morena, expuso que en los últimos seis años la extorsión aumentó 57%. Y la senadora Carolina Viggiano, del PRI, recordó que la “cifra negra” de este delito es del 97%, porque la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo o desconfianza.
Una ley, múltiples frentes
La futura ley general deberá establecer el tipo penal, las agravantes, los delitos vinculados y las sanciones para toda la República. Hoy, hay una disparidad ridícula: mientras en Chihuahua se castiga con hasta 30 años de cárcel, en Oaxaca apenas con tres.
Además, deberá regular el uso de tecnología e inteligencia para combatir la extorsión, frenar las que se orquestan desde prisiones, y establecer rutas de denuncia seguras, además de garantías de protección para víctimas y testigos.
Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, pidió que las víctimas estén al centro del nuevo modelo: “Se trata de fortalecer canales de denuncia que den seguridad a quienes se atreven a alzar la voz. Y se trata de generar confianza ciudadana, a partir de resultados tangibles”.
La reforma fue turnada a los Congresos estatales para su aprobación. Una vez validada, el Congreso tendrá 180 días para expedir la ley.
