El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo a la propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, como parte del Proyecto de Presupuesto de ese país. A través de una carta dirigida a miembros de la Cámara de Representantes, se expresó la inconformidad del país al considerar la medida como una acción “injusta”.
Misiva enviada por diplomáticos mexicanos
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, informó que la misiva fue enviada el pasado 13 de mayo por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez. En ella, el gobierno mexicano expone argumentos sólidos para desechar la iniciativa que plantea gravar con un porcentaje las remesas, un recurso fundamental para millones de familias mexicanas.
Argumentos contra la doble tributación
Entre los puntos destacados, De la Fuente subrayó que quienes envían remesas ya han pagado impuestos en territorio estadounidense, por lo que aplicar un nuevo gravamen representaría una doble tributación. Además, se enfatizó que los paisanos contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos y que el dinero enviado solo representa el 18% de los ingresos totales de los connacionales, desmontando así el argumento de impacto fiscal.
Análisis legislativo en curso
La propuesta fue revisada inicialmente por el Comité de Medios y Procedimientos, responsable de temas fiscales. Posteriormente, sería presentada ante el Comité de Presupuesto, que consolida las propuestas de todos los comités y elabora la versión final del Proyecto de Presupuesto. Se espera que dicha iniciativa sea sometida al pleno de la Cámara de Representantes en los próximos días, lo cual mantiene en alerta a las autoridades mexicanas.
Acciones diplomáticas adicionales
Además de la carta formal, el embajador Esteban Moctezuma ha sostenido reuniones privadas con distintos grupos legislativos para exponer personalmente la postura de México. Estas acciones buscan garantizar que los argumentos mexicanos sean plenamente comprendidos y considerados en el proceso de deliberación legislativa.
