La explosión en el Puente de la Concordia que cimbró a Iztapalapa no fue sólo un accidente, también fue una tragedia anunciada. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa responsable del semirremolque siniestrado no contaba con un seguro vigente para operar.
Según el organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, no había registrado ninguna póliza de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental en lo que va de 2025.
“Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA”, señaló el comunicado oficial.
La tragedia ocurrió cuando una pipa de gas se volcó en una curva del distribuidor vial Puente de la Concordia, lo que provocó una explosión devastadora que dejó al menos tres personas muertas y más de 70 heridos, todos con quemaduras de segundo y tercer grado.
Un seguro vencido y una solicitud rechazada
El vehículo involucrado cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., autorizada bajo el permiso G/029/LPA/2010. Dicha planta tenía una póliza activa hasta junio de 2025, pero su solicitud más reciente para renovar el seguro fue desechada por la ASEA.
“La planta ingresó una nueva solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada", expusieron.
Esto quiere decir que, al momento del siniestro, ni la pipa ni la planta tenían respaldo legal para operar. La omisión deja en entredicho los mecanismos de supervisión de una empresa que ha operado por años en el sector energético.
¿Y ahora quién responde?
Mientras las familias de las víctimas exigen justicia, la pregunta es quién se hará responsable por los daños humanos y materiales. La ASEA ya realiza investigaciones, pero la falta de un seguro vigente complica cualquier tipo de indemnización inmediata.
La tragedia en Iztapalapa reabre el debate sobre la regulación de las empresas gaseras en México y pone los reflectores sobre la supervisión de plantas de almacenamiento y distribución.
