La muerte de Roberto Hernández, motociclista que fue atropellado y arrastrado por varios metros en calles de Iztapalapa, detonó una fuerte movilización social y abrió el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra conductores que abandonan a sus víctimas. A partir de este caso, colectivos y familiares impulsan la creación de la llamada “Ley Roberto”.
El caso generó indignación luego de que se difundiera que el motociclista perdió la vida tras ser impactado por una conductora que continuó su marcha pese a que el cuerpo de la víctima quedó atrapado bajo el vehículo. El hecho provocó protestas, bloqueos y exigencias de justicia por parte de la comunidad motociclista en la Ciudad de México.
Diversos colectivos han señalado que este tipo de incidentes no son aislados y que existe un vacío legal que permite que algunos responsables enfrenten consecuencias menores, aun cuando las víctimas pierden la vida en hechos claramente violentos relacionados con el tránsito.
¿En qué consiste la propuesta de la “Ley Roberto”?
La llamada Ley Roberto busca modificar el marco legal para que los conductores que atropellen a una persona y huyan del lugar, o continúen su marcha sin auxiliar a la víctima, enfrenten penas más severas, independientemente de que el atropellamiento haya sido intencional o no.
Entre los puntos que se plantean está considerar como agravante el hecho de arrastrar a la víctima, abandonar la escena o no prestar auxilio inmediato, así como limitar beneficios legales a quienes incurran en este tipo de conductas. La iniciativa también busca reforzar la protección de motociclistas y peatones, considerados usuarios vulnerables de la vía pública.
La propuesta ha sido respaldada por organizaciones civiles, activistas de movilidad y colectivos de motociclistas, quienes han insistido en que la legislación actual no refleja la gravedad de estos hechos ni el impacto que tienen en las familias de las víctimas.
Reacciones sociales y presión para que avance la iniciativa
Tras el fallecimiento de Roberto Hernández, se registraron manifestaciones y rodadas en distintos puntos de la capital para exigir justicia y evitar que el caso quede impune. Los manifestantes han reiterado que no se trata solo de un hecho aislado, sino de un problema estructural de seguridad vial.
Legisladores locales han reconocido que el caso abrió una discusión urgente sobre la necesidad de revisar las leyes relacionadas con delitos viales y homicidios culposos, especialmente cuando existen elementos de abandono y omisión de auxilio.
Mientras tanto, la investigación del caso continúa y las autoridades capitalinas mantienen el proceso legal en curso contra la conductora involucrada. En paralelo, la comunidad motociclista ha dejado claro que seguirá presionando hasta que la Ley Roberto sea analizada y, en su caso, presentada formalmente ante el Congreso local.
