En plena discusión sobre el alza de impuestos a productos como cigarros, refrescos y videojuegos, en días pasados una diputada se puso la camiseta gamer y le apretó Start al debate con todo y control en mano. Iraís Reyes de la Torre, legisladora de Movimiento Ciudadano, alzó la voz contra el nuevo gravamen a videojuegos con contenido violento aprobado en la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Frente al pleno, la diputada sostuvo un cartel que decía: “¡Game Over! A la censura. No a impuestos absurdos”, y dejó claro que ningún gamer debería ser criminalizado por jugar.
“Vamos a decirlo con todas sus letras. Nadie se hace violento por jugar, nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us. Nadie termina en la delincuencia por lanzar un Fatality en Mortal Kombat. Y nadie se convierte en narco por atrapar criaturas en Pokémon. La ficción no produce delincuentes”, aseguró Reyes.
Además, señaló directamente a quienes insisten en culpar a las consolas por la inseguridad del país: “La violencia que desangra a México no nace de un videojuego o de una consola, nace de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y paz. No hay un videojuego que dispare un arma, no hay consola que secuestre, extorsione o desaparezca personas, no hay partida que destruya el tejido social”, remató.
Basado en un estudio viejo
La iniciativa, incluida en el Paquete Económico 2026 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, propone un impuesto del 8% a los videojuegos clasificados como violentos. El problema, como expusieron críticos y académicos, es que el sustento es un solo estudio del 2012 que ni siquiera concluye una relación causal entre los videojuegos y la violencia.
“La evidencia científica acerca de la temática de los videojuegos es algunas veces contradictoria. Se deben realizar mayor cantidad de estudios con sólidos diseños de investigación”, concluye dicho estudio, titulado El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes.
Más aún, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) dejó claro en 2020 que no existe evidencia científica suficiente para justificar esa relación: “Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente válido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que según la investigación son un importante predictor de la violencia futura”, explicó en su momento Sandra L. Shullman, entonces presidenta de la APA.
“La comunidad gamer no es violenta ni antisocial”
En su mensaje final, Iraís Reyes defendió el valor de las comunidades gamers como espacios creativos, colaborativos y pacíficos: “Lejos de ser una amenaza, son personas creativas y talentosas, que no necesitan castigo ni estigmas, necesitan que el Estado vea en ellas innovación, no un enemigo del que sacar dinero”.
A pesar de los intentos por subir de nivel la recaudación fiscal, en esta partida el poder gamer ya dio su primer combo, pues la diputada fue respaldada por la comunidad gamer por alzar la voz en nombre de ellos.
