La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación penal contra María Amparo Casar, académica y presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones.
La carpeta de investigación, relacionada con el cobro de una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue judicializada desde septiembre de 2025, pese a que algunos medios señalaron que se trataba de un proceso recién iniciado.
“Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, aclaró la fiscalía.
El origen del caso: caída desde el piso 12
El caso que dio origen a esta historia ocurrió en octubre de 2004, cuando César Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, falleció tras caer desde el piso 12 del edificio A de Pemex, en la Ciudad de México. La entonces Procuraduría capitalina determinó que se trató de un suicidio.
Doce días después del deceso, se solicitó el pago de la pensión post mortem, misma que comenzó a entregarse en enero de 2005.
Sin embargo, en 2024 Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que llevó el caso a tribunales. Un juez ordenó la reactivación del pago mientras no hubiera resolución definitiva, y el conflicto escaló a la vía civil, laboral y ahora penal.
Investigación penal en curso
Actualmente, la FGR investiga si María Amparo Casar, y en algunas versiones también dos de sus hijos, habrían promovido trámites irregulares para obtener o mantener el cobro de la pensión, razón por la que ya se han programado audiencias en el Reclusorio Oriente.
En su posicionamiento, la FGR asegura que el caso se lleva “sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico”, ante señalamientos de que se trata de una acción “por consigna”.
¿Persecución política?
Casar, al frente de MCCI, ha sido crítica del gobierno federal y ha denunciado públicamente que el caso forma parte de una campaña de “persecución política” impulsada por la Cuarta Transformación.
En paralelo, el expediente ha sido objeto de análisis en medios nacionales e internacionales, generando debate tanto sobre la legalidad del cobro de la pensión como la oportunidad del proceso penal en su contra.
El desenlace dependerá de los elementos que aporten las autoridades y de las resoluciones en tribunales civiles, laborales y penales. Por ahora, el caso Casar sigue más vivo que nunca en el centro del huracán político y judicial.
