Dictan prisión preventiva a Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Karina “N”, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, tras ser señalada por su presunta participación en los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León y se extendió por casi cuatro horas. Al concluir, el juzgador determinó que la funcionaria deberá enfrentar el proceso privada de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

La misma medida cautelar fue dictada también contra otras personas involucradas en el expediente, cuyos nombres forman parte de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué sigue en el proceso contra Karina “N”?

La defensa de los imputados solicitó que la situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que se programó una nueva audiencia para el próximo sábado. En esa sesión se definirá si son vinculados formalmente a proceso.

Mientras tanto, la funcionaria fue trasladada a un Centro de Reinserción Social Femenil en Nuevo León, donde permanecerá internada durante el desarrollo del procedimiento penal. La autoridad no hizo pública la ubicación exacta del penal.

La FGR continuará con las diligencias necesarias para robustecer la investigación y definir los siguientes pasos legales en el caso.

Denuncia y contexto político

El origen de la carpeta de investigación está relacionado con una denuncia presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández González. El legislador señaló que los hechos estarían vinculados con presuntas acciones realizadas durante el proceso electoral de 2024, cuando ambos participaron en la contienda por un escaño en el Senado.

Según la versión del denunciante, habría existido un supuesto montaje y fabricación de acusaciones en su contra en aquel contexto electoral, lo que derivó en la intervención de la autoridad federal.

Por ahora, la funcionaria permanecerá bajo prisión preventiva en espera de que el juez determine su situación jurídica en la próxima audiencia, donde se definirá si es vinculada a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía.