Los integrantes de Grupo Los Arras podrían enfrentar una imputación penal después de ser detenidos en el operativo contra Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los músicos se encontraban trabajando en una celebración privada cuando fueron arrestados por elementos federales el pasado domingo 8 de noviembre de 2026. Su defensa sostiene que no tenían conocimiento de quién había contratado sus servicios y rechaza que estén relacionados con actividades delictivas.

El despliegue de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrió en el restaurante Sabea, ubicado en los límites de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, donde se desarrollaba una fiesta que había comenzado desde el sábado 7 de noviembre. La celebración se extendió por más de 20 horas y terminó con un enfrentamiento armado que derivó en la captura de “El R2”. En total, 21 personas fueron detenidas, entre ellas presuntos integrantes de una organización criminal, trabajadores del establecimiento y miembros de la agrupación musical.

Entre los arrestados se encuentran Chuy, acordeonista; Diego Escalante, baterista; Churape, bajo sextista, y Arrayán, tubista, además de Luis Alberto Camacho, integrante del equipo de apoyo. Aunque circularon versiones de que los artistas habían tocado durante más de 20 horas, sus familiares señalaron que llevaban aproximadamente diez horas de presentación cuando llegaron los marinos, por lo que todavía existen diferencias sobre el tiempo que permanecieron trabajando en el lugar.

¿Por qué podrían imputar a los integrantes de Grupo Los Arras?

La defensa legal sostiene que la agrupación recibió la contratación apenas un día antes del evento y que sus integrantes desconocían la identidad de quien solicitó la presentación. Los abogados argumentan que "no sabían para quien era el espectáculo" y que el representante del grupo fue quien realizó "el arreglo" de último momento. Por esta razón, consideran que los músicos fueron detenidos mientras cumplían con un compromiso laboral y piden que se investigue individualmente su participación en los hechos.

Los músicos podrían enfrentar cargos tras la captura de “El R2”, presunto integrante del CJNG./ RS

El abogado Felipe Ibáñez, representante legal de uno de los detenidos, denunció presuntas irregularidades durante el procedimiento y aseguró, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que sus defendidos enfrentan señalamientos relacionados con la posesión de drogas. El litigante cuestionó que se les vincule con el CJNG únicamente por encontrarse en el mismo establecimiento donde fue capturado el presunto líder criminal, mientras las autoridades continúan integrando la investigación.

Ante la incertidumbre, familiares y compañeros de los músicos se manifestaron el martes 10 de noviembre afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco. Durante la protesta, Eduardo Guzmán, exintegrante de Los Arras, explicó que pudo revisar los vehículos de un convoy ante la posibilidad de que sus compañeros fueran trasladados, pero las unidades salieron vacías. "No nos dijeron absolutamente nada de cuándo, ni cómo, ni con nada. Solamente que ahorita no los van a sacar", declaró a los medios presentes.

Familiares piden apoyo a Omar García Harfuch y Pablo Lemus

La preocupación de los allegados aumentó ante la posibilidad de que los detenidos fueran enviados a un centro penitenciario sin que se aclarara su responsabilidad. Por ello, Guzmán solicitó la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Al ser cuestionado sobre la situación de sus excompañeros, respondió: "Esperemos. Estamos haciendo un poco de ruido aquí para que todas las autoridades, el secretario Omar, el gobernador Pablo, nos ayuden, que tengan un poquito de conciencia de que no son delincuentes".

La defensa asegura que los músicos desconocían la identidad de quienes contrataron el espectáculo./ RS

Mientras tanto, la FGR amplió de 48 a 96 horas el plazo para determinar la situación jurídica de los detenidos, por lo que se espera una definición el jueves 12 de noviembre de 2026.