Dos mujeres policías de tránsito de Ecatepec, Estado de México, fueron acusadas de presuntamente exigir 9 mil pesos a un conductor para evitar que su automóvil fuera enviado al corralón. Aunque ambas fueron detenidas tras la denuncia, recuperaron su libertad luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) determinara no ejercer acción penal en su contra.

De acuerdo con un reporte de Milenio, los hechos ocurrieron el 9 de octubre en la avenida México, en la colonia Olímpica 68. Las agentes, identificadas como Thalía Karina “N” y María Guadalupe “N”, habrían detenido un automóvil con placas de Veracruz y advertido al conductor que no podía circular.

El conductor denunció los hechos ante la Unidad de Asuntos Internos del Edomex./SSC

¿Cómo ocurrió la presunta extorsión en Ecatepec?

Según la información difundida, las uniformadas le habrían pedido dinero al automovilista para evitar el traslado de su vehículo al depósito. El conductor intentó realizar dos transferencias bancarias, pero no logró completar las operaciones hasta que fue llevado a una tienda de conveniencia, donde presuntamente concretó el pago.

Durante el incidente, el automovilista logró comunicarse con la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para denunciar lo ocurrido. Personal de esa área acudió al lugar y detuvo a las dos agentes, quienes fueron trasladadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Ecatepec.

La Fiscalía determinó no ejercer acción penal contra las uniformadas./istock

¿Por qué quedaron libres las policías de Ecatepec?

Las agentes quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de cohecho cometido por servidores públicos. Sin embargo, al cumplirse el plazo constitucional de 48 horas, la FGJEM determinó no ejercer acción penal y ambas recuperaron su libertad.

Las agentes habrían regresado a sus funciones de tránsito tras recuperar su libertad./istosck

El reporte señala que las mujeres regresaron a sus funciones de tránsito en el municipio. Hasta la información publicada, tampoco se había informado de una sanción administrativa definitiva en su contra. La liberación no equivale a una sentencia judicial que determine si los hechos ocurrieron como fueron denunciados. El caso, no obstante, generó cuestionamientos sobre la supervisión de los agentes de tránsito y las medidas que pueden aplicarse cuando existen señalamientos por presuntos actos de corrupción.