La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las disposiciones que permiten a las autoridades solicitar información de usuarios de telefonía móvil, incluida la geolocalización de celulares en tiempo real, bajo los procedimientos establecidos en la ley.

La resolución se tomó el 17 de noviembre de 2026, al resolver el amparo en revisión 193/2026, relacionado con el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El fallo también mantiene las obligaciones de las compañías telefónicas de conservar registros de comunicaciones, colaborar con las autoridades y bloquear líneas reportadas como robadas.

¿Qué información podrán solicitar las autoridades?

El artículo 183 contempla distintas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones:

  • Conservar registros: guardar información técnica relacionada con llamadas y tráfico de internet.

  • Entregar información: proporcionar los datos requeridos por las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, conforme a los procedimientos legales.

  • Geolocalización en tiempo real: colaborar para identificar la ubicación aproximada de un teléfono celular vinculado con una investigación.

  • Bloquear líneas robadas: suspender inmediatamente las líneas reportadas como robadas o extraviadas.

  • Bloquear señales en penales: impedir la transmisión de señales de telefonía y datos dentro de centros penitenciarios.

El fallo contempla la localización de celulares vinculados con investigaciones. / iStock

¿Podrán rastrear tu celular sin una orden judicial?

Uno de los puntos más importantes de la resolución es la diferencia entre la geolocalización en tiempo real y el acceso a los registros de comunicaciones.

En el caso de la geolocalización, el proyecto validado por la Corte considera que esta herramienta permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil, pero no acceder al contenido de llamadas, mensajes o conversaciones.

El documento señala que esta medida debe cumplir con el artículo 16 constitucional, es decir, contar con un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. También establece que no es necesaria la intervención judicial para esta medida, conforme al criterio expuesto en el proyecto.

Por otra parte, el acceso a los registros de llamadas y datos conservados sí está sujeto a controles judiciales, con las excepciones legales correspondientes para situaciones urgentes.

¿Por qué la SCJN rechazó el amparo?

El recurso fue promovido por una ciudadana que argumentó que estas disposiciones vulneraban derechos como la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

La inconformidad se centró en que las compañías telefónicas debían conservar información de los usuarios sin que existiera necesariamente una investigación individualizada.

Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que las obligaciones están dirigidas a los concesionarios de telecomunicaciones y responden a objetivos de seguridad pública y procuración de justicia.

La resolución también distinguió entre almacenar información técnica de las comunicaciones y acceder al contenido de conversaciones privadas.

La resolución aborda la privacidad y los datos personales de los usuarios. / iStock

¿Qué significa el fallo para los usuarios de telefonía en México?

La decisión de la Suprema Corte mantiene vigentes las obligaciones que deben cumplir las empresas telefónicas y permite que las autoridades utilicen herramientas de geolocalización y soliciten información relacionada con las comunicaciones, siempre bajo los límites legales aplicables.

Esto no significa que las autoridades tengan autorización para escuchar cualquier llamada, leer mensajes privados o rastrear indiscriminadamente a cualquier persona sin justificar su actuación.