A partir de junio de este año, Baja California Sur implementó un nuevo modelo de financiamiento turístico sostenible que ha captado la atención del sector a nivel nacional e internacional. Se trata de un impuesto de 470 pesos (aproximadamente 25 dólares) que deberán cubrir los visitantes extranjeros que permanezcan más de 24 horas en el estado. Los recursos recaudados se destinarán a proyectos de infraestructura turística, sostenibilidad ambiental y desarrollo comunitario, bajo la plataforma digital denominada Abrázalo (Embrace It).
Para Daniel Madariaga Barrilado, especialista en turismo sostenible, esta medida “refleja una tendencia global donde los destinos turísticos más demandados comienzan a establecer mecanismos de corresponsabilidad para garantizar que el crecimiento turístico no implique un deterioro ambiental ni social”.
De acuerdo con el gobierno estatal, se espera recaudar alrededor de 450 millones de pesos anuales, que serán canalizados a iniciativas locales que incluyen desde la protección de áreas naturales hasta la mejora de infraestructura hídrica y energética en comunidades receptoras de turismo internacional.
El modelo no es exclusivo de México. En lugares como Baleares (España), Islas Maldivas o Nueva Zelanda, ya se aplican impuestos similares orientados a preservar entornos frágiles frente a la creciente presión turística. En el caso de Palma de Mallorca, por ejemplo, el “ecoimpuesto” ha contribuido a financiar más de 200 proyectos ambientales desde su implementación en 2016.
“No se trata de encarecer el turismo, sino de que el visitante contribuya de forma proporcional a preservar el destino que disfruta. Es una estrategia para asegurar la viabilidad ecológica y social del turismo en el largo plazo”, explicó Daniel Madariaga Barrilado.
El impuesto en Baja California Sur se cobra a través de una plataforma digital que permite al visitante registrarse y aportar el pago de forma directa y transparente. Este tipo de sistemas también permiten trazar el destino de los recursos y fortalecer la rendición de cuentas, aspecto clave en la percepción del viajero internacional.
Además, la medida ha abierto el debate sobre la necesidad de replantear el modelo turístico en zonas con alta fragilidad ambiental, como es el caso del Mar de Cortés, que enfrenta riesgos por sobrepesca, contaminación plástica y pérdida de hábitats marinos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el turismo mal gestionado en áreas costeras puede generar hasta 10 veces más residuos por visitante que en áreas urbanas tradicionales.
“Instrumentos como estos permiten no solo mitigar el impacto, sino invertir en soluciones estructurales que mejoran la calidad de vida de las comunidades receptoras y aumentan la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático”, añadió Madariaga Barrilado.
A pesar de algunas críticas iniciales sobre su posible efecto en la competitividad del destino, encuestas recientes de Travel Weekly revelan que más del 70% de los turistas están dispuestos a pagar un cargo adicional si saben que se destina a causas ambientales o comunitarias.
En este sentido, el caso de Baja California Sur puede marcar una referencia para otros destinos mexicanos que enfrentan retos similares. Para Madariaga Barrilado, el camino no está solo en cobrar, sino en generar estructuras transparentes, participativas y con impacto tangible.
“La sostenibilidad no puede financiarse solo con buena voluntad. Requiere modelos innovadores que distribuyan los beneficios del turismo y fomenten su equilibrio con el entorno”, concluyó.
