Ocho migrantes, entre ellos un mexicano, fueron deportados de Estados Unidos a Sudán del Sur, pese a que solo uno de ellos tiene vínculos con ese país africano. El grupo fue trasladado desde una base militar estadounidense en Yibutí, donde habían permanecido detenidos por semanas, en espera de una resolución judicial sobre su destino. La operación se concretó tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizó su expulsión inmediata, pese a las advertencias de posibles violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con The New York Times, la Corte Suprema emitió su fallo el jueves 4 de julio, habilitando la deportación sin que los migrantes pudieran alegar riesgo de tortura o muerte en Sudán del Sur, un país con antecedentes de violencia sistemática. La decisión dejó sin efecto la orden de un juez federal que había suspendido el traslado, al considerar que debía garantizarse a los migrantes la oportunidad de demostrar el peligro que enfrentaban si eran enviados a una nación ajena. En su voto particular, la jueza Sonia Sotomayor denunció que esta medida “excusa el desprecio del gobierno por el poder judicial” y pone en riesgo las vidas de los expulsados.
Según un reporte de AFP, los ocho hombres fueron condenados por delitos violentos en Estados Unidos y no obtuvieron el consentimiento de sus países de origen para ser repatriados. El grupo está conformado por dos cubanos, dos birmanos, un vietnamita, un laosiano, el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, y un ciudadano sursudanés. Ante la negativa de sus respectivas naciones de recibirlos, el gobierno estadounidense recurrió a Sudán del Sur, país que, según Washington, ofreció “garantías diplomáticas creíbles” de que no serían torturados, aunque sus abogados sostienen que esas promesas no han sido verificadas.
Los migrantes permanecieron más de un mes en el campamento militar de Lemonnier, en Yibutí, bajo condiciones estrictas de vigilancia. De acuerdo con los documentos judiciales citados por The New York Times, estuvieron confinados en contenedores modulares, con grilletes en los tobillos y limitadas interacciones incluso con sus representantes legales. La defensa argumentó que el traslado a Sudán del Sur —país marcado por conflictos armados y violaciones a los derechos humanos— equivalía a una condena encubierta.
La deportación se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump para agilizar expulsiones de migrantes, incluso a países con los que no tienen lazos. AFP detalla que los deportados llegaron a la capital sursudanesa, Juba, escoltados por marines estadounidenses. Ni las autoridades de Estados Unidos ni las de Sudán del Sur han aclarado qué ocurrirá con ellos ahora que han sido entregados.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados han advertido que esta política podría establecer un precedente peligroso. Trina Realmuto, abogada de los migrantes, afirmó a The New York Times que esta deportación “se realiza a expensas de las vidas de ocho hombres” y vulnera principios básicos de asilo y protección internacional. Mientras tanto, las imágenes del grupo, distribuidas por la Casa Blanca, contrastan con el silencio oficial sobre su futuro inmediato en uno de los países más inestables del mundo.
