El caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano podría convertirse en un precedente jurídico clave en México. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto en el que propone negar el amparo solicitado por el productor, quien impugnó la sentencia que lo declaró civilmente responsable por daño moral.
La resolución que De Llano pretende revertir fue dictada en septiembre de 2023 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ella se le impusieron medidas reparadoras tras determinarse que sus declaraciones públicas y la relación que mantuvo con la cantante cuando era menor de edad le causaron un perjuicio.

El argumento de prescripción, en entredicho
Luis de Llano basó su amparo en el argumento de que Sasha ya no tenía derecho a demandarlo, al haber transcurrido más de tres décadas desde los hechos. Además, señaló que la artista no lo denunció tras cumplir la mayoría de edad. No obstante, el proyecto del ministro Pardo sostiene que los abusos cometidos contra menores de edad en contextos de poder no deben prescribir en el ámbito civil.
Según esta visión, el daño no sólo deriva de los hechos ocurridos en la juventud de la artista, sino también de las declaraciones que el productor realizó en 2022 durante una entrevista con Yordi Rosado, donde minimizó la relación afirmando que fue “abierta y consensuada”.

Medidas reparadoras y posicionamiento de Sasha
La sentencia obliga a Luis de Llano a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de emitir comentarios sobre la víctima, tomar un curso de prevención de conductas de abuso sexual y cubrir una indemnización cuyo monto aún está por definirse.
Sasha Sokol, por su parte, reiteró que destinará cualquier compensación económica a una organización que trabaja para prevenir el abuso infantil.

Un fallo que podría abrir la puerta a otras víctimas
Este caso fue atraído por la SCJN en octubre de 2024 y su resolución podría tener impacto nacional, ya que pondría sobre la mesa si las víctimas de abuso durante su infancia pueden ejercer acción legal incluso décadas después.
En caso de aprobarse el proyecto, otras personas en situaciones similares podrían buscar justicia, incluso si el tiempo transcurrido hubiese sido un obstáculo legal hasta ahora.




