En el Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció un cambio de fondo en la estrategia para localizar a personas desaparecidas en México: la implementación de la CURP biométrica.
Durante el encuentro, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, destacó que este mecanismo se convertirá en una herramienta no solo de identidad, sino también de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
“Ahora, vamos a usar la Clave Única de Registro de Población, la CURP biométrica como una herramienta, no solo de identidad sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados”, declaró la funcionaria.
Cambios urgentes a la Ley General de Búsqueda
La secretaria de Gobernación hizo un llamado directo a los gobernadores del país para que apliquen los cambios recientes a la Ley General de Búsqueda, aprobados en julio, y que permitan consolidar este nuevo modelo de trabajo. Entre las medidas que deberán implementarse, destacó:
- Registros claros y transparentes
- Apertura de carpetas de investigación por cada persona desaparecida
- Interconexión entre los sistemas estatales y la Plataforma Única de Identidad
Diálogo con víctimas y organizaciones
Rosa Icela también subrayó que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, se ha establecido un diálogo directo con familiares de desaparecidos y más de 450 organizaciones.
Además, llamó a las entidades federativas a dar acompañamiento y seguridad a los familiares durante sus jornadas de búsqueda, muchas de ellas realizadas sin ninguna medida de protección: “Que se les brinde seguridad en sus recorridos y en sus trabajos... el gobierno plantea un programa de bienestar para las hijas e hijos de personas desaparecidas”.
Preparación y sensibilidad
La titular de Gobernación hizo énfasis en la capacitación del personal que participa en las búsquedas, e invitó a sumar esfuerzos materiales y humanos: “Que el personal de Fiscalías, Comisiones y servidores públicos estén preparados y sean sensibles a sus demandas”.
También pidió armonizar las leyes locales con la reforma federal, para no seguir retrasando la atención a las víctimas.
