Hace ocho años, Vanessa Dib Velázquez, entonces de 27 años, acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro para retirarse un Dispositivo Intrauterino (DIU) que estaba mal colocado, situación conocida como traslocación. Lo que debía ser un procedimiento ginecológico de rutina terminó en una negligencia médica con consecuencias devastadoras.
De acuerdo con el testimonio de Vanessa, el dispositivo fue extraído sin realizar estudios de imagen previos, como ultrasonido o rayos X, necesarios para evaluar su posición, y fue retirado con pinzas sin protocolo adecuado.
Cadena de fallas médicas que cambiaron su vida
Tras el procedimiento, Vanessa comenzó a presentar fuerte dolor lumbar tres días después. Al regresar a atención médica, fue diagnosticada únicamente con lumbalgia aguda sin estudios complementarios, mientras su condición empeoraba rápidamente.
Su estado requirió de atención de urgencias ante síntomas graves como pérdida considerable de sangre, deshidratación severa e infección generalizada. Fue intubada, recibió transfusiones, sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimada por casi 30 minutos.
Para intentar salvarle la vida, se le extirpó el útero y un ovario, pero la infección había avanzado tanto que los médicos tomaron la decisión de amputar ambas piernas, dejándola con una discapacidad permanente.
¿Qué determinó la CNDH sobre este caso?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la atención brindada no fue oportuna ni adecuada, y que existieron omisiones graves en el diagnóstico y tratamiento inicial, lo que derivó en secuelas irreversibles.
Como parte de la reparación integral del daño, la CNDH ordenó que el IMSS proporcione atención médica vitalicia, suministre todas las prótesis necesarias y atienda las secuelas de salud física y emocional de Vanessa.
¿Ha recibido compensación o atención médica?
Aunque la CNDH emitió la recomendación desde 2022, Vanessa ha denunciado que el IMSS ofreció una compensación económica insuficiente (aproximadamente 88 mil pesos), monto que no cubre ni siquiera una prótesis básica para su rehabilitación.
En un video compartido en sus redes, Vanessa señaló que incluso se le ha negado atención médica en algunos casos, a pesar de la recomendación oficial, y que la demanda legal que presentó aún no tiene resolución definitiva.
La víctima también ha expresado públicamente su frustración: “¿Eso valen mis piernas?”, al cuestionar el monto ofrecido como compensación tras perder ambas extremidades.
