Con pancartas, vapeadores en mano y duras críticas, la oposición intentó frenar una reforma que finalmente fue aprobada: la Cámara de Diputados dio luz verde a la prohibición total de los cigarrillos electrónicos y vapeadores en México, con penas que alcanzan los 8 años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos.
El dictamen, impulsado por el oficialismo y avalado con 324 votos a favor y 129 en contra, modifica la Ley General de Salud para imponer sanciones a quienes produzcan, distribuyan o comercialicen estos dispositivos.
“La reforma establece una prohibición absoluta de su producción, comercialización, importación, exportación y publicidad, (pero) quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual”, aseguró el diputado morenista Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud.
Oposición: "¡Ocho años por esto!"
La bancada de Movimiento Ciudadano, encabezada por Iraís Reyes, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Durante su participación, inhaló y exhaló el humo de un vapeador en señal de protesta.
“Un dictamen que criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel, ocho años por un vapeador, ocho años por esto”, reclamó Reyes.
Desde el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez acusó que Morena busca encarcelar a quienes porten estos productos. A su lado, la legisladora Verónica Pérez Herrera también vaporizaba mientras sostenía un cartel: “La salud no se improvisa, se protege”.
El PRI también se sumó al rechazo. La diputada Ana Isabel González comparó las penas con las del narcomenudeo y advirtió: “La reforma abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico, a cualquier persona que consuma, suministre, produzca, importe este tipo de productos, tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.
¿Qué prohíbe exactamente?
La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, prohíbe la compra, venta, transporte, producción, importación, exportación y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. También prohíbe su promoción en cualquier medio, ya sea digital, impreso o televisivo.
Además, se incluyó la prohibición de distribuir sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas y el uso ilícito del fentanilo.
Mientras el oficialismo insiste en que esto es un paso hacia la salud pública, la oposición lo ve como un atentado contra los derechos individuales y una criminalización desproporcionada, sobre todo para los jóvenes.
