En un movimiento que reaviva la tensión entre libertad de expresión y seguridad nacional, el presidente Donald Trump anunció el lunes 25 de agosto una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra quienes quemen la bandera estadounidense durante protestas.
La nueva directriz contempla hasta un año de cárcel para quienes realicen esta acción, así como la revocación de visas o permisos de residencia y la deportación inmediata para extranjeros que participen en actos de profanación del estandarte.
Durante la firma de la orden, el mandatario fue tajante: “Si quemas una bandera, pasas un año en la cárcel… Pasas un año en prisión y eso quedará en tu historial”, advirtió, dejando claro que busca disuadir lo que considera un ataque directo a la nación.
La instrucción faculta al Departamento de Justicia a perseguir casos en los que la quema de la bandera pueda interpretarse como incitación a la violencia o “palabras que inciten al enfrentamiento”. Además, encomendó a la fiscal general, Pam Bondi, a impulsar litigios para revisar el precedente de la Suprema Corte en el caso Texas v. Johnson (1989), que reconoció esta práctica como un acto protegido por la Primera Enmienda.
El anuncio ha generado de inmediato una oleada de críticas de organizaciones civiles y defensores de los derechos constitucionales, quienes advierten que la medida desafía directamente la jurisprudencia y que no existe una crisis real de quema de banderas que justifique la decisión.
Con esta iniciativa, Trump abre la puerta a un nuevo enfrentamiento legal ante la Corte Suprema, donde ahora predomina una mayoría conservadora que podría redefinir los límites de la protesta política en Estados Unidos.
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