Ricardo Salinas Pliego no se quedó callado. Este martes, el magnate mexicano presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, acusando al Gobierno de Claudia Sheinbaum de ejercer una “persecución política” en su contra, derivada de los litigios fiscales que mantiene desde hace años.
Tras agotar todas las instancias judiciales en México —incluida la Suprema Corte—, Salinas Pliego decidió llevar su caso a Washington, tal como había advertido en noviembre pasado, cuando perdió los juicios que lo obligan a pagar más de 51 mil millones de pesos al fisco.
“Es hostigamiento fiscal, judicial y administrativo, que busca restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, afirmó el Grupo Salinas en un comunicado tras la reunión del empresario con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la OEA.
Denuncia por hostigamiento y censura
La denuncia asegura que el gobierno mexicano ha desplegado auditorías excesivas, daño reputacional a través de medios y vocerías públicas, así como el uso político del SAT y la captura del Poder Judicial, especialmente tras la reciente reforma que modificó la estructura de jueces por voto popular.
El comunicado también menciona que la intención del Estado es silenciar la voz del empresario, quien en los últimos años ha usado sus redes sociales y medios de comunicación para criticar abiertamente las decisiones del gobierno federal.
El SAT ya le puso fecha de cobro
La ofensiva legal del empresario ocurre semanas después de que la Secretaría de Hacienda fijara el monto definitivo de la deuda que Salinas Pliego deberá saldar con el SAT. Tras 15 años de pleito legal, el proceso está en su fase final y el empresario ya no tiene muchas opciones para evadir el pago.
Aunque el SAT ofreció un descuento del 39% si paga voluntariamente, todo indica que el dueño de Grupo Salinas optó por confrontar hasta el final. Por ahora, la denuncia en la CIDH no detiene el proceso judicial en México, pero le permite seguir disputando el caso en el terreno mediático y político.
Una victoria más simbólica que legal
Expertos en derechos humanos señalan que es poco probable que la CIDH admita una denuncia de índole fiscal, ya que este tipo de temas no son comunes en tribunales internacionales. Y, en caso de hacerlo, el proceso podría tardar años en resolverse, sin que ello cambie la obligación de pago en México.
Mientras tanto, el pleito entre el Gobierno Federal y uno de los empresarios más ricos del país sigue creciendo en todos los frentes: en los tribunales, en los medios… y ahora también, en los organismos internacionales.
