En un movimiento que refuerza el control sobre el espacio aéreo venezolano, el régimen de Nicolás Maduro decretó la prohibición de la compra, venta, importación, fabricación y uso de drones por 30 días, medida que podría extenderse según las disposiciones oficiales. La orden fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 6.927 y entró en vigor el pasado 18 de agosto.
El documento especifica que la suspensión incluye todas las actividades relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y aeromodelos, así como sus partes y componentes. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la disposición y de resolver casos no contemplados en la normativa.
“Queda prohibida la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de drones en todo el territorio nacional”, establece el decreto.
La restricción aplica para particulares, empresas y organismos civiles; sin embargo, los cuerpos de seguridad y defensa del Estado estarán exentos de la medida, manteniendo el control exclusivo de este tipo de aeronaves.
La decisión ocurre en medio de una creciente fricción diplomática y militar con Estados Unidos. Washington desplegó recientemente buques militares en el Caribe, lo que Caracas interpretó como una amenaza directa. En respuesta, Maduro ordenó la activación de 4.5 millones de milicianos dentro de lo que denominó un “plan de paz” con carácter defensivo.
Especialistas consideran que la suspensión de drones es una maniobra para limitar el monitoreo aéreo independiente y reforzar el control del espacio aéreo, en un momento en que el régimen busca consolidar su narrativa de soberanía frente a presiones externas.
Impacto para la ciudadanía
El veto afecta directamente a:
- Usuarios recreativos y aficionados, que no podrán operar drones de manera personal.
- Empresas de medios y tecnología, que utilizan estas aeronaves para producciones audiovisuales, monitoreo o servicios logísticos.
- Instituciones educativas y de capacitación, que también quedan restringidas de cualquier uso, incluso con fines didácticos.
- La disposición es inicialmente temporal, pero la posibilidad de extensión genera incertidumbre sobre la duración real de la restricción y su impacto en sectores productivos y tecnológicos del país.
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