Tazo Dorado le sale caro a la Patrulla Espiritual: es denunciada por privación ilegal de la libertad
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La polémica alrededor del grupo conocido como “Patrulla Espiritual” escaló hasta el gobierno de Baja California luego de que colectivos defensores de derechos humanos denunciaran la presunta privación ilegal de la libertad de Karime, una mujer trans que habría sido ingresada en contra de su voluntad a un centro de rehabilitación en Mexicali.
El caso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, provocó la intervención de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y autoridades sanitarias, quienes ya revisan las condiciones en las que opera el centro Jireth, vinculado con el polémico grupo que en los últimos meses ha generado controversia por sus operativos callejeros conocidos como “levantones espirituales”.
Durante la conferencia encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, las autoridades confirmaron que ya existe una investigación abierta para determinar si se cometió el delito de privación ilegal de la libertad, además de posibles violaciones a derechos humanos.
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“Siempre vamos a trabajar por el respeto a los derechos humanos y reconocer el trabajo que hacen los organismos de la sociedad civil, además de condenar cualquier tipo de amenazas que puedan sufrir ciudadanos y periodistas”, expresó la mandataria estatal.
Fiscalía confirma presencia de denuncia
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que agentes ministeriales ya acudieron al centro de rehabilitación luego de que la madre de Karime reportara inicialmente su desaparición tras no poder localizarla.
La funcionaria explicó que impedir la libertad de movimiento de una persona podría configurar el delito de privación ilegal de la libertad, aunque aclaró que será necesario analizar las circunstancias específicas del caso.
Además, confirmó que la Fiscalía revisa si existía alguna justificación médica o legal para mantener internada a la mujer trans. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un expediente de oficio y emitió medidas cautelares para garantizar la integridad física de Karime dentro del centro de rehabilitación.
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El presidente del organismo, Jorge Ochoa, señaló que personal de Derechos Humanos acudió al sitio acompañado por autoridades de Salud para verificar directamente las condiciones en las que se encontraba la víctima.
Activistas denuncian terapias de conversión
El caso generó indignación entre colectivos LGBT+ y defensores de derechos humanos, quienes se manifestaron frente a la clínica Jireh para exigir la liberación inmediata de Karime y el cierre definitivo de espacios donde presuntamente se practican terapias de conversión.
Según Eduardo Rodríguez, activista de la organización De Todas en Baja California, la mujer fue obligada a subir a un vehículo el pasado 9 de mayo en la zona de las 5 y 10 con apoyo de empleados de una llantera.
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“Estamos aquí para defender los derechos humanos de una mujer de la diversidad sexual que ha sido vulnerada, violentada y burlada. La han utilizado en forma de burla la Patrulla Espiritual, el ‘Chiquilín’ y miembros de la llantera Jaramillo”, señaló Rodríguez.
Los colectivos aseguran que dentro del centro Karime habría sido sometida a prácticas degradantes, incluyendo el corte forzado de cabello y la imposición de vestimenta masculina bajo argumentos religiosos.
“Le cortaron su cabello, le van hablando como varón y en un video hacen un edit con IA de cómo se vería de hombre con un rosario en la mano. No podemos permitir que se normalice el levantar a las personas de la calle”, indicó Eduardo Rodríguez.
Derechos Humanos intervino tras negativa de la Fiscalía
Los activistas también denunciaron dificultades para interponer formalmente la denuncia ante la Fiscalía estatal, pues inicialmente se les indicó que únicamente familiares directos podían denunciar la desaparición o privación ilegal de una persona.
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“Nos dijeron que si no la conocíamos no procedía. Pero sí procede porque somos defensores de derechos humanos y tenemos esa capacidad que nos otorga la Suprema Corte”, afirmó Teresa Díaz Estrada, integrante de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México.
Finalmente, la denuncia fue aceptada tras la intervención directa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
Patrulla Espiritual vuelve al centro de la polémica
La Secretaría de Salud estatal reconoció que actualmente existen alrededor de 350 centros de rehabilitación en Baja California y admitió que varios operan de manera irregular.
El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, recordó que anteriormente ya se habían realizado intervenciones relacionadas con la Patrulla Espiritual en Tijuana, donde incluso se condicionó la reapertura de instalaciones al cumplimiento de normas sanitarias.
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Además, colectivos cuestionaron que el Ayuntamiento de Tijuana haya destinado más de 7 millones de pesos a la Patrulla Espiritual, mientras exigen que instituciones federales como Cofepris y Conapred intervengan para revisar posibles violaciones a derechos humanos.
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