CDMX aprueba cárcel por huachicoleo de agua: habrá penas de hasta 11 años

El Congreso de la Ciudad de México avaló cambios al Código Penal local para endurecer las sanciones contra el llamado huachicoleo de agua, actividad relacionada con el aprovechamiento ilegal del recurso hídrico. Las nuevas medidas contemplan penas que alcanzan hasta 11 años de prisión y multas superiores a los 117 mil pesos.

Las reformas también incluyen castigos para funcionarios públicos que participen o faciliten este tipo de prácticas. En esos casos, los servidores involucrados podrán enfrentar procesos de destitución e inhabilitación por su relación con operaciones ilegales vinculadas al suministro de agua.

Según el dictamen aprobado por el Poder Legislativo capitalino, la ausencia de una regulación clara había complicado durante años la investigación y persecución de estos delitos. Entre 2018 y 2024 fueron presentadas mil 388 denuncias y se confirmaron 153 tomas clandestinas; pese a ello, la Fiscalía General de Justicia únicamente reportó una carpeta de investigación por defraudación fiscal relacionada con el suministro del líquido.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también documentó la magnitud del problema. Entre 2012 y 2018 detectó 2 mil 280 conexiones clandestinas en distintas partes del país, utilizadas por particulares y empresas para obtener agua sin autorización oficial, situación que ha impactado en la sobreexplotación de acuíferos.

¿Cómo operará el castigo contra el robo y venta ilegal de agua?

Las modificaciones legales establecen sanciones para quienes obtengan, movilicen o comercialicen agua mediante intervenciones irregulares en la infraestructura hidráulica sin contar con permisos, licencias o concesiones expedidas por las autoridades correspondientes. Además, se perseguirá el uso ilegal de pipas, vehículos cisterna y otros sistemas alternos utilizados para distribuir el líquido.

Las sanciones por extracción ilegal del recurso contemplan penas de seis a 10 años de prisión y multas de entre 11 mil 731 y 58 mil 655 pesos. Cuando exista almacenamiento, distribución o suministro del agua con fines económicos, las condenas podrán aumentar de seis a 12 años de cárcel, además de multas de hasta 234 mil 620 pesos.

Durante la misma sesión, el Congreso local también dio luz verde a otras reformas rezagadas, entre ellas la imprescriptibilidad de delitos cuando las víctimas sean menores de edad, el reconocimiento de los bosques de agua como zonas naturales de infiltración y la tipificación del delito de abigeato. Asimismo, se aprobaron modificaciones para castigar el hostigamiento coercitivo con penas de hasta siete años de prisión.