¿Quiénes son los 10 funcionarios mexicanos señalados por supuesto narcotráfico por en Sinaloa?

La justicia de Estados Unidos volvió a poner en la mira a funcionarios mexicanos tras presentar una acusación federal que apunta a una presunta red de complicidad con el Cártel de Sinaloa. El caso fue dado a conocer por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en coordinación con la DEA, como parte de investigaciones que desde 2023 buscan desmantelar estructuras criminales con alcance internacional.

De acuerdo con los documentos judiciales, varios servidores públicos —tanto en funciones como retirados— habrían colaborado con el grupo criminal facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Entre las sustancias mencionadas se encuentran fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, consideradas de alto impacto por la crisis de consumo en ese país.

¿Qué funcionarios están implicados en la acusación?

La lista incluye perfiles políticos y mandos de seguridad de distintos niveles:

Enrique Inzunza Cazárez – Senador y exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas.
Dámaso Castro Zaavedra – Fiscal general adjunto.
Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación.
Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo” – Exjefe de la Policía de Investigación.
Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública.
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado” – Exmando policial estatal.
Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, “Juanito” – Excomandante de la Policía Municipal.

Además, en el expediente también se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntamente facilitar condiciones favorables para la operación del cártel a cambio de apoyo político, aunque todos mantienen la presunción de inocencia.

¿De qué los acusa Estados Unidos?

Las autoridades sostienen que los implicados habrían formado parte de una red de protección institucional. Entre las conductas señaladas se encuentran la filtración de información confidencial, la protección de cargamentos ilícitos y la intervención para evitar detenciones de líderes criminales.

A cambio, presuntamente recibían sobornos millonarios y pagos periódicos. En algunos casos, estos beneficios incluían dinero en efectivo, favores políticos e incluso la colocación de perfiles afines en puestos clave dentro de corporaciones de seguridad.

Uno de los señalamientos más delicados recae sobre Juan Valenzuela Millán, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, lo que eleva la gravedad del caso.

Además del narcotráfico, los acusados enfrentan cargos por delitos relacionados con armas de alto poder, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal con protección desde distintos niveles de gobierno.