Caso Leyla Monserrat: la asesinan en Sonora, graban el crimen y dan penas mínimas a las culpables

El asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, se ha convertido en uno de los casos más impactantes en México en los últimos meses, no solo por la forma en que ocurrió, sino por las penas impuestas a las responsables.

La joven desapareció el 26 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles (Sonoyta), luego de salir de su casa tras ser engañada por quienes consideraba sus amigas.

Días después, su cuerpo fue localizado enterrado, confirmándose que murió por asfixia mecánica, lo que destapó un crimen que, de acuerdo con las autoridades, fue planeado por dos menores de edad.

Un crimen planeado que terminó en tragedia

Las investigaciones apuntan a que las adolescentes Britany Michel (15 años) y otra menor identificada como Monserrat (13 años) llevaron a Leyla a una vivienda con el pretexto de una sorpresa.

En ese lugar, la víctima fue sometida, atada y posteriormente estrangulada, mientras sus agresoras registraban lo ocurrido en video, material que posteriormente se convirtió en una de las principales pruebas del caso.

Tras el asesinato, intentaron ocultar el cuerpo al enterrarlo en el patio del domicilio, lo que retrasó su localización hasta inicios de octubre de 2025.

¿Por qué las sentencias han causado tanta indignación?

El caso tomó un giro aún más polémico en marzo de 2026, cuando un juez dictó las sanciones bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Una de las responsables recibió una condena de 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra obtuvo 11 meses de libertad asistida, por lo que ya se encuentra en libertad.

Además, se fijó una reparación del daño moral de apenas 5,657 pesos, cantidad que la familia ha calificado como insuficiente frente a la gravedad del crimen.

La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, ha alzado la voz públicamente para exigir justicia y anunció que buscará apelar la sentencia para que se imponga la pena máxima permitida, que es de cinco años de internamiento.