Caso Rubén Rocha: Esto dijo Sheinbaum de los presuntos nexos del gobernador con el narco
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió de manera contundente a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, subrayando que sin pruebas claras las imputaciones tienen un trasfondo político.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó en claro que su gobierno no encubrirá a nadie en caso de existir evidencia sólida; sin embargo, también marcó una línea firme respecto a la soberanía nacional, al advertir que México no permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que corresponden exclusivamente al país.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
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“No vamos a proteger a nadie”, pero exige pruebas
En su posicionamiento, Sheinbaum reiteró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de analizar el caso y determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra los señalados, tal como lo ha solicitado el gobierno estadounidense.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie, y lo hemos demostrado… (pero) si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿Cuál es la motivación?”, expresó.
Además, la presidenta cuestionó la naturaleza de los elementos presentados por el Departamento de Justicia, al señalar que uno de los materiales difundidos corresponde a supuestas anotaciones de pagos de sobornos escritas a mano, lo que —dijo— deberá ser evaluado por las autoridades mexicanas.
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Defensa de la soberanía nacional
La jefa del Ejecutivo enfatizó que, independientemente del caso, su gobierno mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía nacional, dejando claro que no se permitirá ningún tipo de presión externa sin fundamentos legales.
“Debe quedar sumamente claro: Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Asimismo, subrayó que este caso representa un hecho sin precedentes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
“Esto no había ocurrido nunca. ¡Nunca en la historia! Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones, de un presidente municipal en funciones o de un senador en funciones”.
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El contexto: acusaciones desde Estados Unidos
El caso surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, a quienes acusa de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en la distribución de narcóticos hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían formado parte de una red de colaboración con líderes del crimen organizado, facilitando operaciones ilícitas a cambio de beneficios políticos y sobornos. El documento oficial también destaca el nivel de los implicados dentro de la estructura gubernamental.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
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Un caso que escala a nivel internacional
Según las autoridades estadounidenses, incluso se señala que los llamados “Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían tenido influencia en la llegada de Rocha Moya al poder mediante presuntas acciones de intimidación contra adversarios políticos.
Posteriormente, ya en funciones, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del cártel, en las que presuntamente ofreció protección a sus operaciones.
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La decisión queda en manos de la FGR
Ante este escenario, Sheinbaum reiteró que el caso deberá resolverse conforme a la legislación mexicana y con base en pruebas contundentes, dejando claro que será la FGR la encargada de determinar si procede alguna acción legal.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción (…) Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los episodios más delicados en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.
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