Después de pasar 19 años y 5 meses en prisión, Juana Hilda González Lomelí fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que su proceso estuvo marcado por graves violaciones al debido proceso, incluyendo tortura y el uso de pruebas ilícitas.
Su nombre ha estado vinculado al caso Wallace, uno de los expedientes más polémicos y controvertidos del sistema de justicia penal mexicano, donde diversas personas fueron encarceladas por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, en 2005.
La SCJN ordenó su liberación inmediata
Ayer miércoles 11 de junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo directo a favor de Juana Hilda, presentado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). La Corte concluyó que su confesión fue obtenida bajo presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo y sin respeto a sus derechos humanos.
La confesión fue anulada, así como cualquier prueba derivada de ella. Además, las pruebas restantes —aportadas por el Ministerio Público— fueron consideradas insuficientes para acreditar su responsabilidad penal en el caso.
“Después de 19 años, Juana Hilda recuperará su libertad en razón de graves violaciones al debido proceso”, señaló el IFDP en un comunicado oficial.
¿Quién es Juana Hilda?
Originaria de la Ciudad de México, Juana Hilda González Lomelí fue señalada en 2006 como una de las presuntas responsables del secuestro de Hugo Alberto Wallace. Desde entonces, permaneció en prisión sin una sentencia firme y con múltiples denuncias de irregularidades procesales, como la fabricación de pruebas, el uso de estereotipos de género y la falta de garantías legales básicas.
Su caso forma parte de un grupo de personas señaladas en el expediente Wallace, junto con Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, César Freyre, Albert y Tony C., entre otros, muchos de los cuales siguen en prisión.
Un precedente judicial relevante
La decisión de la Corte no solo representa justicia para Juana Hilda, sino que marca un precedente en el combate a las malas prácticas del sistema penal. El IFDP advirtió que esta resolución también podría tener efectos inmediatos en los procesos de las demás personas coprocesadas, cuyos casos se basan en las mismas pruebas hoy declaradas nulas.
La Defensoría Pública Federal llamó a la Fiscalía General de la República a desistirse de todas aquellas acusaciones construidas sobre pruebas ilegales, con el fin de avanzar hacia la liberación de más personas injustamente privadas de su libertad.
