El Congreso de la Ciudad de México recibió dos iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, una de ellas centrada en poner freno a la actividad de los llamados “franeleros”. La propuesta plantea sanciones de arresto inconmutable de 24 a 36 horas para quienes aparten espacios en la vía pública, obstruyan el tránsito o exijan dinero por cuidar vehículos.
Esta medida busca erradicar prácticas consideradas abusivas por parte de personas que, sin autorización, hacen uso del espacio público con fines lucrativos, muchas veces recurriendo a la intimidación o al cobro obligatorio.
Tipificación de faltas y delitos asociados
La iniciativa contempla que las sanciones sean más severas cuando los involucrados incurran en amenazas, extorsión o actos violentos. Se especifica que la reincidencia o el uso de coacción podrían implicar la comisión de delitos penales, no solo infracciones cívicas, lo que abre la posibilidad a procesos judiciales en casos graves.
Apoyo social y programas de empleo como alternativa
En paralelo al esquema de sanciones, se plantea una vía de reinserción social. El proyecto incluye que las secretarías de Trabajo y de Desarrollo Económico implementen programas de empleo, capacitación y proyectos productivos dirigidos a las personas sancionadas, con el objetivo de que puedan incorporarse a actividades económicas formales.
La estrategia reconoce la necesidad de equilibrar la disciplina cívica con medidas sociales, evitando criminalizar la pobreza y priorizando la reubicación digna.
La segunda iniciativa enviada por el Ejecutivo local propone modificar los tiempos de ejecución del Presupuesto Participativo. Se busca establecer como fecha límite el 15 de diciembre para que las alcaldías comprometan los recursos correspondientes a este ejercicio, adelantando el plazo que actualmente está fijado al 30 de noviembre.
Este ajuste pretende garantizar una mejor planeación, disciplina presupuestal y cumplimiento de metas antes del cierre fiscal anual, sin menoscabo de la participación ciudadana.
Ambas propuestas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes, donde se revisarán a fondo los alcances legales, administrativos y sociales de las medidas.
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