La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración analiza una posible demanda contra SpaceX, la compañía de Elon Musk, por los impactos ambientales y de seguridad derivados del reciente lanzamiento del cohete Starship. La nave explotó en su intento de reingreso a la Tierra, y restos del aparato terminaron llegando a la costa de Tamaulipas.
“Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles y dejó en claro que el objetivo es actuar en el marco del derecho internacional.
El incidente ocurrió el 18 de junio, cuando el cohete despegó desde la plataforma ubicada en Boca Chica, Texas, a solo tres kilómetros de la frontera con México. Durante su descenso, el propulsor de Starship explotó y se desintegró, esparciendo fragmentos en el Golfo de México. Las corrientes marinas arrastraron desechos hasta playa Bagdad, en Matamoros.
Preocupación ambiental
Los residuos recolectados por las autoridades incluyen caucho, plástico, aluminio, silicona, tanques de enfriamiento y otros materiales relacionados con el lanzamiento. Aunque fueron retirados en su mayoría, ambientalistas han advertido sobre la micro basura espacial que pudo haber quedado esparcida, lo que genera preocupación por su impacto ecológico a largo plazo.
Sheinbaum recalcó que su gobierno no solo revisará lo ocurrido, sino que buscará establecer responsabilidades legales: “Lo estamos revisando no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que están muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona y, dentro del marco de las leyes internacionales, hacer las demandas necesarias que se tengan que hacer”.
¿Podría haber consecuencias legales para Musk?
De confirmarse una violación al marco legal, el gobierno mexicano podría iniciar acciones legales internacionales contra SpaceX. Esta sería una de las primeras veces que un país exige rendición de cuentas por impactos ambientales provocados por tecnología aeroespacial de empresas privadas.
