Una funcionaria del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, ha sido señalada públicamente por presuntos actos de extorsión. Se trata de Nora Chávez, directora de Servicios Públicos, quien aparece en un video recibiendo fajos de dinero en efectivo, lo que desató una fuerte protesta por parte de recolectores de basura.
De acuerdo con los trabajadores, la funcionaria exige pagos semanales para permitirles operar, además de otras cuotas irregulares impuestas desde hace meses.
Revelan video de funcionaria de Ixtapaluca señalada por presunta extorsión
El video, difundido en redes sociales, muestra a la directora aparentemente recibiendo billetes en su oficina. Aunque el gobierno municipal no ha confirmado la autenticidad del material, los recolectores afirman que se trata de una práctica recurrente.
Según sus denuncias, los pagos ascendían hasta 15 mil pesos semanales por parte de quienes brindan el servicio de recolección de residuos sólidos.
Los inconformes detallaron que además de las cuotas semanales, se les exige el pago de:
75 mil pesos anuales por una calcomanía que les permite trabajar.
100 pesos diarios para acceder al relleno sanitario.
#EXCLUSIVA #Edomex
Nora Chávez, directora de servicios públicos de #Ixtapaluca fue grabada recibiendo una presunto soborno de recolectores de basura que hoy se manifestaron frente al palacio municipal, ahí tiraron desechos y tocaron sus campanas.
Así nuestras… pic.twitter.com/XhhriabvL3— ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO(@Mr_Civico) July 3, 2025
Estos cobros afectarían a más de 800 familias, muchas de ellas vinculadas a sindicatos como la CTM. Los manifestantes aseguran que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento cuando se niegan a pagar.
En respuesta, más de 200 recolectores se manifestaron este 3 de julio frente al palacio municipal, donde vaciaron basura como símbolo de protesta. También bloquearon puntos clave del municipio, como:
La carretera México–Puebla.
Plaza Sendero.
El acceso principal al centro de Ixtapaluca.
La Dirección de Seguridad Pública.
Exigen la destitución inmediata de la funcionaria implicada, así como la firma de un convenio que les garantice condiciones laborales dignas.
