La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes que no se aplicará el impuesto especial del 8 % a videojuegos violentos, contemplado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, pese a que inicialmente fue aprobado dentro del Paquete Económico.
¿Qué sucedió con el impuesto a videojuegos violentos?
En septiembre de 2025, el Paquete Económico 2026 proponía incluir un impuesto del 8 % sobre la venta y prestación de servicios de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, tanto en formatos físicos como digitales, como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Sin embargo, a finales de diciembre de 2025, Sheinbaum informó desde el Palacio Nacional que el gobierno decidió no cobrar ese gravamen, aun cuando permanecía en la Ley de Ingresos ya publicada. La mandataria explicó que la medida era viable en papel, pero su implementación resultaba técnicamente compleja y poco clara por la falta de criterios objetivos para determinar qué videojuegos deberían considerarse “violentos” a nivel legal y fiscal.
¿Por qué se canceló finalmente el impuesto?
La principal razón detrás de la cancelación, según la Presidencia, fue que no existe un criterio práctico y uniforme para clasificar los contenidos de los videojuegos bajo la etiqueta de “violentos”. Esto dificultaría enormemente su aplicación por parte de las autoridades fiscales, pues no hay una forma clara de distinguir un juego con violencia de otro que no la tenga, lo que complicaría la fiscalización y el cobro
Ante este panorama, Sheinbaum declaró que “es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”, lo que llevó al gobierno a desistir de aplicar el gravamen.
¿Qué estrategia implementará el gobierno ahora?
En lugar de gravar estos títulos, el Ejecutivo federal dirigirá esfuerzos a campañas de concientización y prevención, principalmente enfocadas en jóvenes y adolescentes. Estas campañas buscan informar sobre los posibles efectos del uso excesivo de videojuegos con violencia y promover conductas de convivencia pacífica y saludable.
Esta estrategia se enmarca dentro de iniciativas más amplias orientadas a la prevención de conductas de riesgo y adicciones, en coordinación con distintas dependencias, incluidas las secretarías de Salud, Educación y Cultura.
