Ricardo Salinas Pliego recibió este jueves el fallo más contundente en su larga disputa con Hacienda: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad que deberá saldar sus deudas fiscales, que con actualizaciones y recargos ya se acercan a 50 mil millones de pesos. El SAT detallará en los próximos días el monto final, una vez que se integre cada ajuste correspondiente.
El empresario litigaba desde hace años siete juicios principales relacionados con créditos fiscales derivados de ejercicios entre 2008 y 2013. El monto original por estos casos ascendía a 35 873 millones de pesos, pero el paso del tiempo —y los retrasos que acumulan hasta 17 años en algunos expedientes— provocó un fuerte incremento por multas y recargos.
Durante la sesión, los ministros resolvieron que los amparos promovidos por las empresas de Salinas Pliego “no revisten cuestiones de constitucionalidad”, por lo que no era procedente analizarlos a fondo. La SCJN también desestimó la solicitud del empresario de aplazar la discusión y esperar ajustes de las autoridades fiscales, al determinar que la ley no contempla la suspensión de fallos bajo esas condiciones.
Un precedente fiscal de alto calibre
Con esta decisión, el Alto Tribunal cerró de forma definitiva la vía legal para el conglomerado del magnate, que ya venía acumulando derrotas en tribunales inferiores. El fallo deja firmes los créditos fiscales y permite al SAT avanzar en los procesos de cobro una vez que se precise la cifra final correspondiente.
Para Hacienda, esta resolución representa un mensaje directo: incluso los contribuyentes más grandes y con mayor poder económico deberán responder por sus obligaciones fiscales. El caso de Salinas Pliego se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la política actual de recaudación, basada en exigir pago a grandes deudores sin implementar nuevos impuestos.
El golpe no solo es jurídico, sino también simbólico. La situación evidencia que las tácticas de prolongación de juicios, amparos consecutivos y recursos dilatorios ya no garantizan la posibilidad de esquivar pagos multimillonarios. La SCJN cerró filas en una decisión final que era considerada “previsible”, pero que ahora se convierte en un precedente histórico.
¿Qué sigue para el empresario?
Las empresas involucradas —en especial Grupo Elektra— han advertido que acudirán a instancias internacionales para impugnar lo que consideran violaciones a sus derechos. No obstante, en el territorio jurídico mexicano la disputa ha quedado concluida. La única alternativa es pagar, negociar directamente con Hacienda o seguir una estrategia legal fuera del país.
El SAT deberá calcular y notificar la cifra definitiva, tomando en cuenta actualizaciones diversas. A partir de ese momento, podría iniciar los mecanismos legales correspondientes de cobro, lo que implicaría despliegues administrativos significativos contra uno de los contribuyentes más polémicos del país.
Mientras tanto, la resolución de la SCJN ya envió un mensaje al mercado: el Estado mexicano reforzó su postura frente a grandes conglomerados y está dispuesto a agotar todas las herramientas legales para recuperar adeudos históricos. Y en este caso, se trata de la mayor sentencia fiscal firme contra un particular en México.
