El estado de Nuevo León dio un paso adelante en la lucha contra el incumplimiento de pensiones alimenticias al aprobar la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios. Esta nueva disposición establece que las personas inscritas no podrán realizar trámites civiles ni gubernamentales hasta cumplir con sus obligaciones legales.
De acuerdo con el decreto publicado el 7 de noviembre, quienes estén inscritos en dicho registro no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir ni contraer matrimonio civil hasta que demuestren estar al corriente con los pagos.
Una reforma que busca frenar el abandono familiar
El registro estará a cargo del Poder Judicial y del Sistema DIF estatal, que deberán emitir certificados de “no inscripción” a los ciudadanos que deseen realizar trámites como licencias, adopciones o enlaces matrimoniales.
La medida pretende garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias en beneficio de niñas, niños y adolescentes, visibilizando a quienes eluden sus responsabilidades parentales. Según autoridades locales, el objetivo es evitar que los deudores “puedan seguir viviendo con normalidad mientras incumplen sus obligaciones legales”.
Más restricciones para los deudores
Además de la prohibición para conducir o casarse, los deudores alimentarios no podrán ocupar cargos públicos, participar en elecciones, realizar trámites notariales o adoptar menores mientras no se pongan al corriente. En casos graves de incumplimiento, podrían enfrentar sanciones penales de dos a cinco años de prisión.
La verificación del registro será automática al momento de realizar trámites en dependencias estatales, lo que obligará a los ciudadanos a presentar un certificado que acredite su situación antes de acceder a ciertos servicios.
Estados que han adoptado o analizan medidas similares
Aunque Nuevo León es el primer estado en poner en marcha formalmente esta restricción, la iniciativa ha despertado interés en otras entidades del país.
Jalisco: el Congreso local analiza una propuesta para impedir que deudores alimentarios tramiten licencias o accedan a empleos gubernamentales.
Ciudad de México: el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ya existe desde 2019; sin embargo, las sanciones se limitan a impedir la participación en cargos públicos o notariales, sin afectar todavía la licencia de conducir.
Oaxaca: el Congreso estatal aprobó reformas similares en septiembre de 2025, que también contemplan restricciones en trámites civiles.
Estado de México y Puebla: se han presentado iniciativas, pero aún no han sido aprobadas ni publicadas en sus gacetas oficiales.
Con estas acciones, diversas entidades buscan fortalecer la responsabilidad parental y el cumplimiento de las obligaciones familiares, cerrando el paso a la impunidad por abandono económico.
Reacciones y debate social
Especialistas en derecho familiar han aplaudido la iniciativa de Nuevo León, considerándola “una herramienta efectiva para garantizar el interés superior de la niñez”. Sin embargo, también han surgido críticas por las implicaciones en derechos civiles.
Algunos abogados advierten que la medida podría ser considerada punitiva, ya que restringe derechos como la movilidad o el matrimonio, aunque reconocen que podría reducir los altos índices de incumplimiento de pensiones alimenticias.
Un paso hacia la justicia familiar
La creación del Registro de Deudores Alimentarios representa un cambio estructural en la política de protección infantil y equidad familiar. La intención, según autoridades, es erradicar la normalización del abandono y asegurar que el bienestar de los menores prevalezca por encima de los privilegios de los adultos.
Con su implementación, México se suma a una tendencia internacional que busca sancionar de manera ejemplar a quienes incumplen con sus responsabilidades familiares.
