La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que Osvaldo Gutiérrez Vázquez, conocido como “El Cuate”, fue identificado como el presunto autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en pleno centro del municipio.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, “El Cuate” fue abatido en el lugar del ataque, tras enfrentarse con los escoltas del edil. La investigación señala que el presunto agresor tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operaba bajo las órdenes de un grupo delictivo con presencia en la región de Tierra Caliente.
Carlos Manzo, quien asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024, había denunciado en varias ocasiones amenazas por parte del crimen organizado y solicitado apoyo federal. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el alcalde contaba con protección desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025, aunque el ataque ocurrió durante un evento público con alta concentración de personas.
El asesinato desató una fuerte movilización policiaca y militar en la zona. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y aseguró que el gobierno federal “no permitirá impunidad” en el caso.
Avances en la investigación y contexto del crimen
Las autoridades estatales informaron que se mantienen abiertas las líneas de investigación para identificar a los autores intelectuales del atentado. La fiscalía no descarta que el homicidio esté relacionado con la política de seguridad impulsada por Manzo, quien buscaba frenar la influencia de los cárteles en Uruapan.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que “El Cuate” era originario de Apatzingán y presuntamente formaba parte de una célula vinculada a “El Prángana”, operador del CJNG. La conexión refuerza la hipótesis de que el asesinato fue planeado por estructuras criminales locales.
El crimen del alcalde se suma a una serie de ataques contra funcionarios municipales en Michoacán, convirtiendo al estado en uno de los más peligrosos para servidores públicos. La Fiscalía michoacana aseguró que continuará las investigaciones “hasta dar con todos los responsables”, mientras la Guardia Nacional mantiene vigilancia permanente en el municipio.
