El periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso este martes 30 de enero, pero únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, dejando fuera el cargo más delicado: terrorismo, que la Fiscalía de Veracruz le había imputado tras su detención el pasado 24 de diciembre.
Fue el juez José Guadalupe Nucamendi Albores quien tomó la decisión, tras valorar los argumentos de la defensa y los datos de prueba presentados en la audiencia inicial. La medida cautelar dictada: resguardo domiciliario por un año.
En su mensaje, la fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que la institución actúa “con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico”, garantizando el debido proceso a las personas involucradas.
Pero León Segovia no lo ve así. “La verdad estoy contento porque actuó conforme a la ley, aquí la Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto que tienen su delito de poder y su evidencia”, dijo el periodista a medios, tras conocer el fallo.
Presión, acusaciones “fabricadas” y libertad de expresión en riesgo
Afuera del juzgado, Gardiel León, hijo del periodista, también alzó la voz. Denunció que el caso contra su padre está lleno de irregularidades, y que la fiscalía está tratando de criminalizar su trabajo como reportero.
“Las acusaciones contra mi padre son fabricadas”, dijo Gardiel. También señaló que se usan en su contra detalles como que “siempre llegaba primero” a los hechos de alto impacto, como si eso fuera un delito.
Además, criticó que la publicación de información pueda tomarse como generadora de “pánico”, lo cual —según la fiscalía— justificaría una acusación de terrorismo. “Lo están usando en su contra”, denunció.
Artículo 19: "Criminalizar el periodismo es un peligroso precedente"
Un día antes, la organización Artículo 19 encendió las alertas al informar que el mismo juez Nucamendi Albores rechazó anular pruebas, a pesar de que la investigación presenta graves irregularidades.
La organización exigió “condiciones mínimas de independencia e imparcialidad y la garantía de sus derechos ante una imputación que pretende criminalizar su ejercicio periodístico”.
“La imputación por terrorismo constituye un peligroso precedente contra la libertad de expresión”, dijo la organización, condenando el uso del sistema penal como herramienta contra el periodismo en Veracruz.
Artículo 19 recordó que Rafael León ha sido objeto de hostigamiento, carpetas de investigación sin sustento, daños materiales y vigilancia intrusiva en sus cuentas familiares, todo ligado a su cobertura de violencia y crimen organizado en el sur del estado.
