El fuero: pasaporte a la impunidad

Cinco Diputados Federales, de los cuales cuatro son priístas y uno del Verde, y dos Diputados Locales, uno priísta y el restante de Nueva Alianza son señalados como operadores y/o integrantes de la amplia red de complicidades del exgobernador Javier Duarte de Ochoa (alias Alex Huerta del Valle), prófugo de la justicia mexicana, según lo afirma Carlos Loret en su artículo “Chulada de Clan” publicado hace unos días en su blog. ¿Cuál es el denominador común entre estos servidores públicos, más allá de ser veracruzanos y coincidentemente todos priístas (sí, todos priístas)?  

La respuesta es sencilla: los siete diputados están investidos de fuero constitucional.

Jurídicamente, el fuero no es otra cosa más que el otorgamiento de “inmunidad” a determinado tipo de servidores públicos para que, durante el tiempo que dure su encargo, no puedan ser citados a comparecer ni menos aun a ser juzgados por delitos que hubieren cometido durante ese periodo. En palabras simples, es una especie de blindaje o armadura legal que se les otorga a ciertos servidores públicos durante el tiempo que ejercen el cargo para el cual fueron designados. Ello de ninguna manera significa que no puedan ser penalmente responsables de los delitos que cometan, sino que, para perseguirlos criminalmente y sujetarlos a proceso, es indispensable que a través de la Cámara de Diputados se les siga un juicio especial denominado de “procedencia” o de “desafuero”, mismo que debe ser votado por una mayoría absoluta de los diputados asistentes a la sesión respectiva. Si el voto es favorable, el servidor público queda a la disposición de la justicia federal o local para ser juzgado como a cualquier otro individuo.

Son muchos los beneficiarios de esta anacrónica, obsoleta e indeseable figura legal del fuero constitucional, que incluye, desde luego, al Presidente de la República, a Gobernadores, Diputados y Senadores, Diputados Locales, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diputados a la Asamblea y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Procurador General de la República y el del Distrito Federal, entre muchos otros.

El fuero constitucional se ha convertido en realidad en un pasaporte a la impunidad a disposición de los servidores públicos que lo poseen, quienes, con el cobijo de las mayorías partidarias en la Cámara de Diputados, jamás son sujetos a los juicios de procedencia para ser juzgados por los delitos que hubieren cometido. ¿O usted cree que la suerte de los siete diputados cambiará?