En medio de un contexto nacional cada vez más hostil hacia la comunidad migrante en Estados Unidos, Chicago se posiciona como un enclave de resistencia. Mientras el gobierno de Donald Trump avanza con políticas que restringen derechos, entre ellos la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes, esta ciudad no solo se niega a aplicar dicha medida, sino que ha anunciado un nuevo incremento al salario mínimo.
La polémica estalló tras el reciente fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que permite al presidente ejecutar órdenes sin el freno de jueces federales. Entre estas acciones, Trump prepara la revocación del derecho de nacionalidad por nacimiento en 28 estados, una promesa clave de su campaña.
¿Qué implica la revocación de ciudadanía?
La medida afectaría directamente a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no cuentan con estatus migratorio regular, eliminando su derecho constitucional a la nacionalidad. Es parte de un paquete de acciones que incluye:
- Un impuesto del 1% al envío de remesas.
- La apertura del centro de detención “Alcatraz de los caimanes” en Florida.
- Redadas masivas en centros de trabajo.
Sin embargo, 22 estados, entre ellos California, Nueva York, Colorado y Washington, han presentado demandas para frenar esta medida. Illinois se encuentra entre ellos.
Chicago protege a migrantes y aumenta salarios
En contraste con esta ofensiva federal, Chicago envía un mensaje distinto. A partir del 1 de julio, el salario mínimo en la ciudad aumentó de 16.20 a 16.60 dólares por hora, mientras que los trabajadores con propinas ahora reciben 12.62 dólares por hora. Esta disposición forma parte de una ordenanza de la Oficina de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de la ciudad.
Chicago alberga la segunda comunidad mexicana más grande de EE.UU., después de Los Ángeles, y cuenta con un consulado mexicano activo en el 204 S Ashland Avenue, donde se brinda asistencia y protección a los connacionales.
Entrada en vigor de la medida antiinmigrante
De acuerdo con fuentes oficiales, la revocación de la ciudadanía por nacimiento en los 28 estados entraría en vigor antes de que finalice julio de 2025. Organismos defensores de derechos humanos han advertido que esta acción contradice la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza este derecho.
