Desde el 1 de julio de 2025, el estado de Tennessee puso en marcha la ley 392 del Senado, la cual establece sanciones penales y económicas a quienes alberguen, oculten o brinden apoyo con fines de alojamiento a personas sin estatus migratorio legal.
De acuerdo con el texto legal, la medida aplica incluso si no existe una compensación directa, lo que ha provocado preocupación entre organizaciones religiosas, propietarios de viviendas y familias migrantes. La sanción económica puede alcanzar los mil dólares por cada persona alojada, además de posibles cargos penales.
Ante la entrada en vigor de esta ley, un grupo de organizaciones presentó una demanda en una corte federal en Tennessee. Entre los demandantes se encuentran el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana, un propietario de vivienda en Nashville y un residente legal que comparte hogar con un familiar indocumentado.
El argumento central de la demanda es que la ley:
Viola la Primera Enmienda, al restringir la libertad religiosa y de asociación.
Infringe la Constitución de EE.UU., al invadir competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.
Presenta ambigüedades legales que podrían criminalizar acciones cotidianas como hospedar a un familiar o prestar ayuda comunitaria.
Impacto en familias y comunidades
Organizaciones como la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y el American Immigration Council advirtieron que esta ley podría fomentar un clima de temor entre la población migrante y desalentar el trabajo humanitario.
El propietario demandante teme ser sancionado por arrendar legalmente a personas sin conocer su estatus migratorio, mientras que el padre de familia señala que vivir con su propio hijo podría ser considerado un delito, según el alcance actual de la legislación.
La ley en Tennessee forma parte de un conjunto de medidas estatales impulsadas en diversos estados republicanos en temas como migración, género y diversidad. En paralelo, se ha endurecido el lenguaje legislativo respecto al llamado “tráfico humano” y se han aprobado disposiciones para sancionar a corporaciones que apoyen actividades migratorias que el estado considere ilegales.
Estados como Indiana, Iowa y Ohio han promovido normativas similares.
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