Rentas en CDMX tendrán tope para evitar la gentrificación: ¿De cuánto será?
Las rentas en la Ciudad de México ya no podrán subir sin control. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto del Gobierno capitalino que establece que el aumento anual de la renta de un inmueble no debe superar la inflación del año anterior.
Al resolver el amparo en revisión 546/2025, el Pleno avaló el artículo 2448 D del Código Civil de la CDMX, vigente desde agosto de 2024, el cual fija que el incremento anual de las rentas no podrá estar por encima del índice inflacionario.
Durante el debate, las y los ministros señalaron que esta medida busca proteger el acceso a la vivienda, considerado "un derecho humano protegido por la Constitución, que se ve amenazado por la falta de control en los costos, causando el desplazamiento de la población y la gentrificación".
Gentrificación y aumento del suelo
En la discusión, la ministra Lenia Batres expuso cifras que encendieron las alertas:
"En los últimos 20 años el costo del suelo en la Ciudad de México se ha incrementado en un 800 por ciento, y medidas regulatorias como la analizada aseguran una ganancia justa para los propietarios de vivienda en renta, y al mismo tiempo a quienes tienen que vivir en inmuebles de alquiler".
Además, advirtió que cada vez menos capitalinos viven en casa propia:
“Es notorio el descenso del número de personas que viven en vivienda propia. En el año 2000 el 71 por ciento de los habitantes de la capital del país eran dueños del inmueble que habitaban, mientras que para 2020 eran solo el 50 por ciento".
¿Qué sigue?
Aún queda pendiente el tema del Registro de contratos de arrendamiento, ya que se presentará un nuevo proyecto con ajustes a cargo del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
Otro fallo: hasta 70 años de prisión por homicidio calificado
En la misma sesión, el máximo tribunal validó la pena de hasta 70 años de prisión para el delito de homicidio calificado en el estado de Morelos, al determinar que no vulnera el derecho a la reinserción social.
El Pleno subrayó que el artículo 18 constitucional exige que el sistema penitenciario se base en el respeto a los derechos humanos y garantice condiciones reales para la reinserción.
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