CDMX busca reconocer embarazo infantil como violencia de género

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que plantea reconocer el embarazo en niñas como una forma de violencia de género, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos y reforzar la atención institucional a víctimas.

La propuesta busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la capital y el Código Penal local, con el fin de incorporar de manera explícita el embarazo infantil dentro de las modalidades de violencia reconocidas por la legislación.

El planteamiento parte del principio jurídico de que las niñas no pueden otorgar consentimiento válido, por lo que cualquier embarazo en menores de 14 años está vinculado a violencia sexual o a contextos de coerción y desigualdad. Bajo esta lógica, la maternidad en la infancia no puede considerarse una decisión libre.

¿Qué implicaría reconocer el embarazo infantil como violencia de género?

De aprobarse, la reforma obligaría a las autoridades locales a activar protocolos específicos de atención integral, que incluyan acompañamiento médico, psicológico y jurídico, además de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción.

La iniciativa también permitiría generar registros más precisos sobre los casos de embarazo en niñas, lo que facilitaría el diseño de políticas públicas enfocadas en prevención, detección temprana y protección de derechos.

En paralelo, autoridades federales han advertido que el embarazo infantil y adolescente es un síntoma de violencia sistemática contra mujeres y niñas, relacionado con abuso sexual, uniones forzadas y desigualdades estructurales que limitan el acceso a educación, salud y desarrollo.

Embarazo adolescente y violencia estructural

Especialistas en derechos humanos han señalado que el embarazo en menores no puede analizarse de manera aislada, ya que refleja condiciones de vulnerabilidad persistentes en diversas regiones del país.

El proyecto legislativo fue turnado a comisiones para su análisis y dictaminación, por lo que aún no tiene fecha definida para su eventual aprobación o entrada en vigor. En caso de avanzar, entraría en vigor tras su publicación oficial.

La discusión se enmarca en una agenda más amplia de protección a la niñez y combate a la violencia de género, con el objetivo de evitar que la maternidad en la infancia sea normalizada y de reforzar la prevención en zonas con mayor incidencia de embarazo adolescente.